Vinanzas habría pagado USD 74 millones con plata del propio ueno bank

El Banco Central del Paraguay denunció la operación y la Fiscalía ya imputó a 27 personas. El punto de partida es una fecha: el 15 de junio de 2026. Ese día, ueno bank cerró al contado la cesión de una cartera de créditos por USD 74.418.418. El contrato se firmó «sin recursos», es decir, sin que el banco se quedara con ninguna garantía sobre esos papeles. La compradora fue Vinanzas SA.

Un día antes, el 14 de junio, Vinanzas no tenía recursos genuinos propios para pagar, según la Superintendencia de Bancos. Entonces, ¿de dónde salió la plata? El BCP reconstruyó la ruta: la firma compradora juntó el dinero de otras empresas. HD Invest EAS aportó USD 35 millones. Satec SA, USD 20 millones. Kasas Propiedades SAE puso USD 10 millones. itti SAE entregó USD 4 millones y otros USD 6 millones para cancelar un sobregiro. El Grupo Vázquez sumó USD 4 millones y Model SA, algo más de USD 2 millones.

Esas mismas firmas ya habían recibido financiamiento de ueno bank antes, siempre según la reconstrucción del Banco Central. Por eso la Superintendencia de Bancos habló de «indicios de un esquema de financiación indirecta de Vinanzas SA por parte de la entidad ueno bank SA». En palabras simples: la plata con la que se pagó la cartera habría salido, al menos en parte, del mismo banco que la vendía.

La cartera estaba formada por créditos que ueno bank tenía que cobrar a Grupo Hendy SA, Grupo M SA y MOWI SA. En el listado de empresas vinculadas aparecen además TUIU SA, FRANEDE SA y AIME. Según publicó Última Hora, citando la imputación, la presión de la Superintendencia empujó a ueno bank a desprenderse de empresas vinculadas a créditos presuntamente irregulares. El mismo reporte agrega que la compradora después quedó confirmada como vinculada, según la investigación.

Con esos datos, el Ministerio Público imputó a 27 personas: ocho directivos de ueno bank y 19 representantes de empresas. Son imputados, no condenados. Ninguno tiene sentencia firme y lo que se les atribuye todavía debe probarse ante un juez.

Los cargos que les asigna la Fiscalía son cuatro: haber actuado de forma indebida en una situación de crisis, lesionar la confianza, intentar estafar y no llevar los libros de comercio como exige la ley. La imputación sostiene que la maniobra impide ver el estado real de las cuentas: «Esta situación impediría conocer el estado real de su situación patrimonial, en razón de que la venta de su cartera habría sido adquirida por la misma entidad financiera».

La causa quedó en manos de cuatro fiscales: Yeimy Adle, Francisco Cabrera, Silvio Corbeta y Jorge Arce. Por ahora no hay más que la imputación: el expediente sigue abierto y falta que la investigación confirme o descarte la ruta del dinero que describió el BCP.