₲ 109.481 millones: la Corte adjudica la ampliación de su Palacio de Justicia
El Consorcio Chaco Díaz ganó la Licitación Pública Nacional en la que se presentaron cuatro empresas. Es su único contrato registrado en la DNCP.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) adjudicó ₲ 109.481 millones al Consorcio Chaco Díaz (RUC 80140218-2) para la «Ampliación del Palacio de Justicia de San Lorenzo», un contrato plurianual y ad referéndum. La adjudicación quedó registrada el 17 de noviembre de 2025 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que publica el expediente oficial de la convocatoria.
El contrato salió por Licitación Pública Nacional (LPN), el procedimiento que la ley prevé para las compras de mayor monto y que está abierto a cualquier empresa habilitada. Se presentaron cuatro firmas y la adjudicación quedó en una sola. Cuatro oferentes es competencia real: la ley permite adjudicar a un único proponente, siempre que las demás ofertas se hayan evaluado con criterios conocidos antes de la apertura y que el acto de adjudicación esté fundado.
El valor estimado por la Corte antes de adjudicar era de ₲ 122.493 millones. El monto finalmente adjudicado quedó por debajo de esa estimación. En los datos publicados no consta si esa diferencia responde a un ajuste de ítems, a precios unitarios menores o a un cambio en el alcance de la obra.
El Consorcio Chaco Díaz aparece en la base del diario, medida sobre los registros de la DNCP, con un solo contrato: este, por ₲ 109.481 millones, adjudicado el 17 de noviembre de 2025. Todo el dinero que la firma cobra en ese registro proviene del mismo comprador, la Corte Suprema. No figuran otro cliente estatal ni otro contrato anterior o posterior.
Lo que no se sabe, con estos datos, es cuántas de las cuatro ofertas fueron admitidas y con qué puntaje se evaluó cada una; qué ítems explican la diferencia entre el valor estimado y el adjudicado; quiénes integran el consorcio y qué parte de la obra asume cada integrante; y qué instancia debe confirmar el contrato firmado ad referéndum.
Las preguntas que la Corte Suprema debería responder son esas, y también cómo se controlará la ejecución de una obra plurianual de este tamaño en San Lorenzo: qué mecanismo de verificación de avance existe, cada cuánto se certifica la obra y ante quién se rinde el informe de cumplimiento.
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