Plata congelada en Ueno: US$ 850 millones del IPS y del Estado adentro

La resolución del Banco Central dejó a los ahorristas de Ueno Bank sin poder tocar sus depósitos. Esa es la parte visible, la que le pega al que tenía su platita ahí. La otra parte es la cifra que casi no se discute: US$ 850 millones del IPS y del Estado están en ese banco. Cuando un supervisor interviene y la gente no puede sacar su dinero, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: quién decidió, con qué información y quién responde por los fondos de los jubilados que estaban adentro de esa entidad.

Una medida así puede ser legal y hasta necesaria para proteger a los depositantes; no estamos diciendo lo contrario. Lo que falta es la rendición de cuentas del que vigila. Según el gremio de bancos, las respuestas del Banco Central al Senado no despejan las dudas sobre la supervisión de esos fondos. Y ahí hay preguntas que no se contestan con comunicados: desde cuándo el Central veía el problema, qué informes tenía, si el IPS fue notificado y con qué respaldo se colocaron US$ 850 millones de aportes jubilatorios y de fondos públicos en una sola entidad. Eso se responde con documentos, no con declaraciones.

En la misma semana, la oposición pidió sesión extraordinaria para el jueves a las 10:00 para tratar los pedidos de juicio político a Santiago Peña y Pedro Alliana. Sin 41 diputados no hay sesión. El número es la puerta, y la llave la tiene la mayoría. Cada bancada debería decir públicamente si va a dar ese número o no, y por qué. No es una pelea de declaraciones: es el único control político que hoy está sobre la mesa y depende de una cuenta que se puede hacer con los dedos.

La diputada por PPQ, Vallejo, calificó de grave la situación del sector financiero, dijo que Peña «no sale a dar la cara» y pidió cambiar todo el Directorio del Banco Central. Es su posición y se registra como tal. Lo que corresponde es que el Gobierno explique qué evaluación hizo de la actuación del Banco Central antes y después de la resolución, y que el Central publique la información que el Senado pidió. Si todo se hizo bien, mostrarlo no le cuesta nada a nadie.

US$ 850 millones del IPS y del Estado no son un número abstracto: son aportes de trabajadores y fondos que se administran con plata ajena. Queda por saber con qué reglas se colocaron, qué garantías existen, quién firmó y qué cláusula protege a los asegurados si el banco no devuelve la plata en el plazo previsto. Pedimos que se publiquen las resoluciones, los informes de auditoría y los contratos de colocación. Si no existen, ese es el dato más grave de toda esta historia.

Tres preguntas concretas para cerrar. Al Banco Central: ¿cuántos informes sobre Ueno tenía antes de la resolución y por qué no están públicos? Al IPS: ¿quién autorizó la colocación de sus fondos y con qué dictamen jurídico? A los diputados: ¿van a juntar los 41 para sesionar el jueves o van a dejar que el tema se enfríe mientras los ahorristas siguen sin poder tocar su plata?

Mientras esas respuestas no lleguen, el costo lo pagan dos veces los mismos: el ahorrista que no puede retirar y el aportante del IPS que todavía no sabe si su jubilación está entera. El poder decide, el ciudadano paga. Como todas las semanas.