167 contratos por ₲ 509.797 millones: en 80 se presentó un solo oferente

En tres semanas, el Estado adjudicó 167 contratos por ₲ 509.797 millones. En 80 de ellos se presentó un solo oferente, según la base de la DNCP. Otros ₲ 3.342 millones se adjudicaron sin licitación abierta, por vía directa o por excepción. La cifra no prueba ilegalidad: prueba que en casi la mitad de los contratos no hubo una segunda cotización contra la cual medir si el precio era el de mercado. Para quien paga impuestos, es comprar sin preguntar en otra ferretería.

Los casos de la semana muestran el patrón. La ANDE adjudicó ₲ 11.781 millones en licencias Oracle a EXCELSIS S.A. con una sola empresa en la convocatoria, y el valor estimado por el organismo fue exactamente el adjudicado. Petropar cerró en ₲ 10.000 millones el sistema hidráulico contra incendios de Villa Elisa con un consorcio que fue el único oferente, también con estimado y adjudicado idénticos. El Ministerio de Justicia pagará ₲ 70.000 millones por seguro médico a Protección Médica S.A., única oferente, mismo monto. En la DINAC pasó lo contrario: un solo oferente, TECMONT SA, y ₲ 10.500 millones adjudicados cuando el cálculo propio era de ₲ 8.119 millones.

Nada de esto es delito por sí solo. El llamado fue público, cualquiera podía presentarse y la ley admite adjudicar cuando hay una única propuesta. Lo que corresponde exigir es el expediente: la justificación del procedimiento, la constancia de difusión, el análisis de por qué no apareció un segundo oferente y el comparativo de precios que respalda el monto. Ese papeleo es lo que convierte una adjudicación legal en una adjudicación explicada.

La evidencia tampoco es uniforme y conviene decirlo. El contrato más grande de la semana, ₲ 164.359 millones para la Academia Militar, tuvo cinco empresas. En el mantenimiento de laboratorios de Petropar, con dos oferentes, el monto quedó por debajo del estimado. Cuando hay competencia, el precio baja. Cuando no, el precio es el que el propio comprador escribió antes de abrir el sobre. Y si el estimado se puede superar —la DINAC lo hizo—, entonces no era un techo: era un punto de partida.

Todo eso se paga con impuestos o con deuda. Al 21 de setiembre la deuda pública sumaba USD 21.982 millones, de los cuales USD 18.097 millones son externos. En ese mismo Estado donde varios contratos se cerraron por el monto estimado, la jubilación de militares y policías costó entre 2021 y 2025 más de lo que aportó y el Tesoro puso US$ 823 millones para cubrir la diferencia; el economista Wildo González sostiene que la reforma de marzo de 2026 no arregla el fondo. Son dos maneras de gastar el mismo dinero: en una se negocia, en la otra se paga.

Petropar merece párrafo aparte. El 10 de setiembre amplió en ₲ 2.560 millones —un 20%— el techo de un contrato con LA OFFI SA que ya estaba ejecutado al 77%, y casi un año antes del vencimiento publicó otra licitación para el mismo servicio, a la que se presentaron las dos firmas que hoy tienen el contrato. Puede ser una ampliación legítima por mayores cantidades. Para saberlo hace falta ver la adenda y su justificación.

Las preguntas tienen destinatario. A Petropar: por qué se amplía un contrato ya ejecutado al 77% y por qué se vuelve a licitar el mismo servicio con un año de anticipación. A la ANDE: dónde está el expediente de las licencias Oracle y por qué la tarifa que pagará Araico —US$ 48,91 el MWh, menos que los hogares— no se ha publicado, cuando los hogares pusieron el 38,4% de la factura eléctrica y consumieron el 33,9% de la energía. A la DNCP: cuántos de esos 80 contratos de oferente único tienen informe comparativo de precios. Y al Congreso, que discute a puertas cerradas una adenda de ₲ 398.778 millones para sueldos: si hay plata para eso, por qué el expediente de cada compra no se publica entero.