₲ 33.564 millones para un edificio de la UNA: se presentó una sola empresa

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) llamó a Licitación Pública Nacional para la construcción del nuevo edificio de su filial en San Estanislao, con ejecución prevista en los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Al llamado se presentó una sola empresa: el Consorcio Santani (RUC 80181000-0). El contrato asciende a ₲ 33.564.228.533, según los datos que constan en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El dato que ordena todo lo demás es la relación entre el precio y la estimación oficial. La convocatoria fijó un valor estimado de ₲ 33.568.930.643; el contrato figura por ₲ 33.564.228.533. La diferencia es de ₲ 4.702.110, poco más de una décima parte de un punto porcentual. Con una sola oferta sobre la mesa, el precio no tuvo contra qué medirse: la instancia que debería ajustar el costo de la obra, la competencia entre proponentes, no ocurrió.

Conviene decirlo con precisión, porque el rigor es lo único que sostiene una crítica: que una licitación pública reciba un solo oferente no es, por sí mismo, un delito. El régimen de contrataciones prevé que un llamado pueda continuar con una única propuesta si esta cumple los requisitos exigidos, y también prevé declararlo desierto. Ambas salidas pueden ser legales. Lo que la ley no puede garantizar por sí sola es lo que aquí falta: la prueba documental de que el proceso fue competitivo y de que el precio se sostiene en un cálculo verificable.

Tampoco se trata de un contrato menor ni de corto plazo. Compromete tres ejercicios presupuestarios y obliga a la UNA a explicar de dónde saldrá el dinero en 2027 y en 2028, con autoridades y presupuestos que todavía no existen. Una obra de esta magnitud exige que se conozcan el cronograma de desembolsos, la fuente de financiamiento y el mecanismo de verificación de avance antes de que el primer guaraní salga del Tesoro.

Los controles existen y deben mostrar su trabajo. La DNCP tiene en su portal el expediente electrónico: el pliego, la nómina de empresas que lo adquirieron, las consultas recibidas, las adendas si las hubo, el informe de evaluación de la propuesta y la composición del consorcio adjudicado. La Contraloría General de la República puede revisar la etapa precontractual. El Congreso puede pedir el expediente completo. Nada de eso requiere una denuncia previa: requiere que se publiquen los documentos que ya deberían estar a la vista de cualquiera.

El dinero público no se defiende con comunicados, se defiende con papeles. Y los papeles, en este caso, tienen preguntas concretas que el organismo debería responder por escrito: ¿cuántas empresas retiraron el pliego y cuántas presentaron consultas? ¿Se modificó el llamado por adenda y en qué términos? ¿Qué antecedentes y capacidad técnica y financiera acreditó el Consorcio Santani para una obra de ₲ 33.564 millones? ¿Quiénes integran ese consorcio, además de la razón social y el RUC que constan? ¿Cómo se elaboró el valor estimado de ₲ 33.568.930.643 y quién lo aprobó? ¿Qué dictamen emitió la unidad operativa de contrataciones de la UNA antes de continuar con una sola oferta?

Este diario no afirma que exista irregularidad alguna en este proceso; afirma que una licitación pública de ₲ 33.564 millones con un solo oferente exige respuestas documentadas y verificables. Hasta que las haya, el dato queda en pie, y es suficiente: la competencia que la ley busca para cuidar la plata de todos no se vio en San Estanislao.