El Estado depositó otros US$ 20 millones en Ueno mientras el BCP le abría un sumario

Ueno Bank cerró septiembre con G. 4,9 billones en depósitos del sector público y del Instituto de Previsión Social (IPS), unos US$ 855 millones al tipo de cambio de ese mes, según la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Eso representa cerca de US$ 20 millones más que al cierre de agosto, cuando la entidad acumulaba más de G. 4,8 billones (unos US$ 835 millones). El aumento se explica por una mayor captación en moneda nacional: el depósito a la vista en guaraníes creció G. 173.051 millones, mientras que el saldo en moneda extranjera bajó US$ 6,3 millones, de US$ 239 millones a US$ 233 millones.

El saldo pasó de 3,4 billones de guaraníes y US$ 239 millones en agosto a 3,6 billones de guaraníes y US$ 233 millones en septiembre. Entre enero y septiembre, la captura acumulada de recursos públicos y del fondo de jubilaciones del IPS por parte de Ueno Bank superó los US$ 206 millones, con un pico en julio de G. 5,1 billones (US$ 862 millones).

El movimiento de recursos ocurrió en paralelo a la presión del Congreso. El Senado aprobó el 9 de septiembre un pedido de informes sobre el banco, que preside Federico Miguel Vázquez (Grupo Vázquez SAE), y lo remitió a la banca matriz el 16 de ese mes. El requerimiento pedía copia de un memorando de Fernando Rivarola, exgerente de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP), con observaciones sobre las operaciones de crédito y los límites prudenciales de la entidad con sus firmas vinculadas. El BCP respondió a la Cámara Alta el 9 de octubre, cuestionó el documento, afirmó que la situación ya se había subsanado y reportó la apertura de un sumario contra la entidad y sus directivos, aunque evitó precisar la fecha de inicio: ocurrió el 24 de setiembre, después de la remisión del pedido de informes.

Un informe de supervisores del BCP del 8 de junio de 2026 describe la operación con la que la entidad buscó desvincularse de tres empresas relacionadas: Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Para justificarlo, el conglomerado traspasó las acciones a empleados y exgerentes. En Mowi SA y Grupo Hendy SA aparecieron como accionistas José Sala, exsubgerente de Ueno Bank, y Sergio Pizzurno, exgerente general del Grupo Vázquez y actual director comercial de Technoma SA, proveedora del Estado; en la segunda figuraban Vanessa Godoy, jefa de Talento Humano en Itti, y Óscar Urdapilleta, empleado de la misma compañía. En Grupo M SA los titulares pasaron a ser Urdapilleta y Diego Gómez, CEO de Hanoi SA (Monchis), otra firma ligada al Grupo Vázquez.

Según el informe técnico de la supervisión, esas sociedades accedieron a sobregiros y préstamos "a sola firma", "sin garantías reales" y con aprobaciones sin análisis acabado, en condiciones preferenciales y sin verificación previa de capacidad de pago. Ueno canalizó cerca de US$ 146 millones (alrededor de G. 880.000 millones) hacia tres de sus firmas vinculadas en siete meses, el 35% de su patrimonio efectivo, por encima del límite legal para operaciones con partes relacionadas. Los fondos pasaban de inmediato a otras empresas del grupo, como Itti, Redipro (Red Digital de Procesamiento SA) y Redisa (Red Digital SA), para cubrir sobregiros y gastos operativos.

La directora del BCP, Carmen Marín, dejó constancia de una posición de aparente "mayor déficit de solvencia patrimonial", junto con otros hallazgos vinculados a las dos facilidades financieras otorgadas por la banca matriz por un total de US$ 691 millones en el marco de la fusión con el desaparecido Visión Banco.