Arévalo denuncia a los fiscales que lo imputaron con los chats de Lalo Gomes

Orlando Arévalo, exdiputado, presentó una denuncia penal contra los fiscales de la Unidad Anticorrupción Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez, y contra el perito informático de la Policía Nacional Carlos Javier Orué. La presentación es suya y así consta: él firma la acusación, no un juez.

El eje de la denuncia es la extracción de datos del celular de Eulalio «Lalo» Gomes después del allanamiento del 19 de agosto de 2024, el mismo procedimiento en el que Gomes fue abatido. Sobre esa copia de datos apunta Arévalo.

¿Qué delitos denuncia? Producción de documentos falsos, acceso indebido a datos, persecución de inocentes, prevaricato —dictar una resolución injusta a sabiendas— y quebrantamiento de depósito. Son acusaciones suyas y ninguna está probada: no consta que un juez las haya dado por ciertas.

El exdiputado sostiene que las conversaciones que salieron del teléfono fueron objeto de «manipulación de manera subjetiva» y que hubo una «filtración express» a los medios. Traducido: para él, los chats que se conocieron no son lo que el teléfono decía.

La vuelta de tuerca es que Arévalo denuncia a los mismos fiscales que lo imputaron por presunto cohecho pasivo agravado —pagar o recibir dinero de un funcionario a cambio de favores— a partir de los chats que salieron del celular de Gomes. El Ministerio Público lo acusó en junio y pidió juicio oral. Es decir: el trámite contra él avanza con la prueba que ahora cuestiona.

Ese trámite, además, está frenado. La audiencia preliminar —la antesala del juicio— sigue postergada por recursos pendientes sobre las copias de la carpeta fiscal y sobre la extracción de los chats.

Arévalo no es un desconocido en el poder. Fue expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y renunció a su banca en el Congreso tras el escándalo revelado con #LaMafiaManda.

En concreto, pide tres cosas. Primero, que se allane de urgencia la estación forense del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Segundo, un peritaje técnico de los Log Files —los registros internos— del sistema Cellebrite UFED. Tercero, que la Fiscalía General del Estado abra una investigación penal autónoma sobre lo ocurrido.

El pedido deja un asunto incómodo sobre la mesa: la Fiscalía General del Estado tendría que investigar a fiscales de la propia institución, mientras el proceso contra el exdiputado sigue su curso con la prueba que él pone en duda.