Ueno: la defensa dice que la Fiscalía pidió tobillera y el juez ordenó cárcel

Tres de los hombres que manejan Ueno Bank siguen presos y su abogado quiere sacarlos de ahí con una tobillera electrónica. La apelación ya está presentada: Fernández Zacur la firmó por el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale Cardoni, y por los directores titulares Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente.

El argumento central es una comparación. Según el defensor, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva y el juez ordenó prisión preventiva yendo más allá de lo pedido por la Fiscalía. El arresto domiciliario con tobillera fue solicitado por la defensa, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía. La defensa ya había planteado medidas menos duras que la cárcel; la apelación insiste con la tobillera, el mismo pedido que, siempre según Fernández, hizo el Ministerio Público.

Según publicó ABC Color, a los tres se les imputa tentativa de estafa, lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio. El mismo reporte indica que la audiencia que fijó la medida se realizó el 5 de noviembre en el Juzgado de Garantías N° 2, especializado en delitos económicos, que tiene como titular a Rodrigo Estigarribia.

El segundo choque es por los tiempos. Los tres se presentaron por su cuenta el 3 de noviembre en la dependencia policial que investiga delitos, después de enterarse por los medios de que había una orden de detención, según el relato del defensor. Desde ese día están privados de libertad, sostiene, sin que se les hayan comunicado oportunamente los hechos que se les imputan. El acta de imputación —el documento que detalla las acusaciones— recién se les entregó el día de la audiencia, más de 36 horas después de la detención.

«El juez pese a ello; ordenó prisión preventiva para nuestros representados, yendo más allá de lo pedido por la Fiscalía», plantea Fernández en el escrito.

En la apelación, el abogado afirma que el juez reconoció durante la audiencia dos cosas: que el Ministerio Público no estuvo presente para motivar su pedido de medidas cautelares, aunque la causa tiene cuatro agentes fiscales asignados; y que no estaba determinada la magnitud del perjuicio patrimonial ni existía una relación de hechos exacta y separada para cada imputado.

La defensa también puso sobre la mesa garantías patrimoniales —títulos, tasaciones y contraseñas de dominio— y pidió 15 días para presentar los certificados. El escrito se apoya en los artículos 242 y 304 del Código Procesal Penal, la norma que regula cómo se investiga y se juzga en Paraguay. El juez, según Fernández, habló de peligro latente de fuga para dictar la cárcel.

Lo que se discute es concreto: si Gustale Cardoni, Duarte Schussmuller y Gómez Abente siguen en prisión o pasan a arresto domiciliario con control electrónico. La apelación busca revertir la prisión preventiva. El material no incluye la postura del juzgado ni de la Fiscalía sobre los puntos que plantea la defensa.