El Congreso destituyó a Peña por el caso Ueno y la Fiscalía ordenó su detención

Santiago Peña ya no es presidente de Paraguay. El Congreso lo destituyó mediante un juicio político y el detonante fue la crisis financiera de ueno bank, según consigna Última Hora.

Ahí está el dato que importa al bolsillo ajeno: ueno bank tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Es decir, plata pública y de aportantes pasaba por las cuentas del banco que arrastró al presidente.

Peña había anunciado su renuncia antes de que terminara el juicio político, pero el Congreso no llegó a aceptarla: la sesión conjunta para tratarla quedó sin quórum y el Senado siguió adelante. La diferencia no es menor: renunciar es dejar el cargo por decisión propia; ser destituido en un juicio político es que el Congreso te saque.

El entonces presidente no se sentó en la banca de los acusados. Envió a sus abogados defensores. Y antes de la votación se despidió de su cargo en redes sociales "con gratitud", según sus propias palabras.

Después de la destitución, la Fiscalía ordenó su detención y la Policía la ejecutó. Está citado a declarar, y todavía no hay imputación formal. Sobre él pesan acusaciones de haber sido accionista de ueno holding y de haber favorecido intereses privados durante su Gobierno, según sus acusadores.

El que ahora ocupa la Presidencia es Pedro Alliana, que asume para completar el periodo de Gobierno.

La escena no es nueva en Paraguay. Catorce años después de que el Congreso destituyera a Fernando Lugo por juicio político, otro presidente paraguayo es apartado por la misma vía: el Parlamento. Dos presidentes, dos juicios políticos, un mismo mecanismo.

Lo que queda sobre la mesa es la plata. Los 2,9 millones de clientes de ueno bank y los fondos del IPS que el banco administraba siguen ahí, con un presidente destituido y detenido a la espera de declarar, y un nuevo mandatario que completa el periodo.

Corrección (7 de noviembre): una versión anterior de esta nota decía que Peña renunció y que la Fiscalía lo imputó. No es así: el Congreso no aceptó la renuncia y, hasta ahora, no hay imputación formal.