Presentan el catastro digital y una agrupación denuncia que certifica sin revisar

El Certificado Catastral Registral Inmobiliario Digital (CCRID) fue presentado como un hito tecnológico: un trámite digital único que unifica información catastral, registral y de mensura de los inmuebles. El acto lo encabezaron el presidente Santiago Peña, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González.

El Movimiento Nacional de Opiniones Tetagua Sapucai, presidido por Wulfran González Degli Uberti, cuestionó la herramienta. Su objeción central no es tecnológica sino de fondo: sostiene que la digitalización da velocidad a la emisión de certificados sobre una cartografía catastral que, afirman, no fue auditada ni corregida, con lo que el Estado termina revistiendo de apariencia legal imprecisiones y eventuales superposiciones de títulos.

El punto central del comunicado es el mecanismo de carga. Según esa agrupación, la propia Directora Registral y Catastral habría confirmado que el Catastro del RUN se limita a incorporar al Mapa Catastral el gráfico provisto por el agrimensor particular y habilita de inmediato la certificación, sin una verificación sustancial previa. Para el movimiento, esa omisión de control vulnera el principio de fe pública: la entidad pública quedaría como receptora automática de planos privados, sin contraste de campo ni revisión de antecedentes.

La crítica se extiende a una contradicción institucional: mientras un ciudadano enfrenta trabas administrativas para corregir un error evidente en la base gráfica, la certificación de datos que el movimiento califica de falsos o imprecisos sale de forma expedita. De ahí su conclusión de que la celeridad, sin saneamiento, amplía la inseguridad jurídica y deja al titular dominial en indefensión.

El comunicado afirma que las denuncias se sustentan en evidencias documentadas en diversos puntos del territorio nacional donde la Base de Datos Gráficos mantendría registros viciados, pero no identifica los departamentos, la cantidad de casos ni los números de matrícula involucrados. El texto tampoco incluye un descargo del RUN, de la Corte Suprema ni de la Dirección Registral y Catastral sobre los cuestionamientos.