US$ 15,3 millones entran al Estado; 15 certificados de González Daher, pendientes

Por orden de la jueza Sandra Kirchhofer, 12 Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) —los papeles que respaldan plata depositada— fueron entregados a la Senabico y luego dos bancos transfirieron el dinero a la cuenta de la entidad: US$ 11.000.000 y G. 25.000 millones. Al cambio de G. 5.790 por dólar, el total que llegó al Estado equivale a US$ 15.317.789, según ABC Color. La Senabico es el ente público que administra los bienes incautados y comisados por la Justicia.

La orden la dio la jueza Sandra Kirchhofer y la entrega se cerró el viernes 30 de octubre: fueron 12 certificados de dos entidades bancarias. La cuenta, sin embargo, no está saldada. Otros 15 certificados siguen pendientes de transferencia y de presentación ante el juzgado.

El tamaño de lo que falta se mide contra el fallo. El Tribunal Especializado en Delitos Económicos dispuso un comiso especial de bienes que alcanza G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977. Ese mecanismo, previsto en el artículo 90 del Código Penal, apunta a resarcir a las víctimas de la usura.

La causa viene de lejos. La Sentencia Definitiva N° 515, del 10 de diciembre de 2021, condenó a Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo. A Ramón le cayeron 15 años por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa. Los dos están recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, desde el 2 de julio, cuando los trasladaron desde la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

Para Kirchhofer, lo movido este viernes tiene peso propio. La magistrada sostuvo que la justicia no solo aplica penas de cárcel, sino que además despoja de las ganancias del delito, tanto en dinero como en bienes, a quienes fueron condenados.

El expediente también figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el foro que evalúa cómo los países persiguen el lavado de dinero, según la web del Poder Judicial.

Del otro lado están las víctimas, que miran el calendario. Armindo Vera Ferrer, afectado por la usura y abogado de otros perjudicados, cuestionó la lentitud del comiso de bienes y reclamó celeridad a la Justicia: «que se ponga las pilas». Según su versión, los defensores de los condenados siguen presentando chicanas —trabas dentro del proceso— y, aun así, la Senabico avanza con los remates de los inmuebles que ya pasaron a nombre del Estado.

Qué sigue: los 15 certificados que todavía no llegaron al juzgado.