Cuatro votos de archivo, cinco que exigía la ley: Garcete no será enjuiciada

Cinthia María Garcete Urunaga se queda donde está. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM, el órgano que examina la conducta de jueces y fiscales) no juntó los cinco votos coincidentes que exige la Ley N° 6814/2021 y remitió el expediente al archivo: no habrá juicio ni suspensión. Garcete continúa al frente del Juzgado Penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este.

La cuenta fue así: el diputado Diego Candia propuso archivar y su moción tuvo el acompañamiento de Mario Varela, Pedro Díaz Verón y Enrique Berni. Del otro lado, el ministro César Antonio Garay Zuccolillo planteó enjuiciarla y sacarla del cargo mientras durara el proceso; Alicia Pucheta se adhirió. Manuel Ramírez Candia también votó por el juicio, pero sin pedir la suspensión. Ahí estuvo la grieta: esa discrepancia sobre la suspensión impidió que los votos coincidieran. El diputado Alejandro Aguilera no estuvo presente.

La ley pide al menos seis miembros presentes y un mínimo de cinco votos coincidentes para las sentencias definitivas. Hubo cuatro.

El tema llegó al Jurado por una publicación periodística. El 4 de septiembre de 2025 el JEM tomó conocimiento del caso y abrió una investigación preliminar sobre cómo la jueza manejó la rebeldía —la situación de quien no se presenta a juicio— en un expediente por estafa, el 17.184/2019, que tiene como principal procesado a Julio César Martínez Chávez.

Según Candia, la jueza se habría apartado de los presupuestos legales de ese trámite. En la causa, Martínez Chávez y Mirta Antonia Torres Colmán estaban procesados y residían en España. Su defensor, Enrique Ocampos, presentó el 29 de enero de 2025 un escrito para que la audiencia se realizara por medios telemáticos. Garcete sustanció la diligencia por esa vía, extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra ambos. La querella adhesiva apeló y un Tribunal de Apelación revocó el decisorio. Más tarde, Vera Ruiz —al frente del Juzgado Penal de Garantías N° 3— los volvió a declarar en rebeldía.

Garay consideró que esa conducta tipificaría mal desempeño de funciones según el artículo 14, incisos B y G, y lo fundamentó así: «...se levantaron órdenes de capturas de procesados que se hallaban en el extranjero, sin motivaciones válidas que ameriten ese fallo...».

Ya en septiembre de 2025, al tomar conocimiento del caso, Ramírez Candia había votado por la investigación preliminar, con la adhesión de Derlis Maidana, Varela, Candia y Aguilera. Garay, entonces presidente del Jurado, y la vicepresidenta Pucheta se pronunciaron en ese momento por el enjuiciamiento de oficio.

El archivo cierra el frente disciplinario, no el historial. Garcete sobreseyó definitivamente al senador Javier Zacarías Irún y a la exintendenta Sandra McLeod en un proceso por presunto desvío de dinero. En enero de 2021 sobreseyó a los exintendentes Mario Castillo y Erico Agüero en un proceso por desvío de fondos jubilatorios de casi G. 800 millones. También había sobreseído a los policías Adolfo Fernández y Armando Sanabria Gauto, acusados por supuesto rapto y extorsión a un turista brasileño.