Capaco cifra en US$ 350 millones la deuda del Estado con las constructoras: US$ 160 serían intereses

US$ 350 millones. Esa es la cuenta que el Estado mantiene pendiente con las constructoras, intereses incluidos, según José Luis Heisecke, que encabeza Capaco, la Cámara Paraguaya de la Construcción. De ese total, unos US$ 190 millones son capital —la obra hecha y todavía sin pagar— y otros US$ 160 millones serían intereses acumulados por los atrasos.

Traducido: casi la mitad de la deuda no es cemento ni asfalto. Es el precio de pagar tarde.

Quien recibe esa cuenta es Juan Carlos Baruja, designado ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por el presidente Pedro Alliana, en reemplazo de Claudia Centurión. El cambio se produce después de la destitución de Santiago Peña mediante juicio político, un proceso que, según ABC Color, se originó en el escándalo de Ueno Bank.

El problema, para el sector, no se agota en los números. Heisecke sostiene que cumplir con las contratistas es condición para que la maquinaria siga andando: los atrasos, dice, golpean la ejecución de las obras, el empleo y toda la cadena de proveedores que vive de la construcción.

Por eso Capaco pone dos pedidos sobre la mesa del nuevo ministro. El primero es de plata: una agenda clara para atender las obligaciones financieras del Estado. El segundo es de rumbo. «El sector de la construcción necesita una agenda clara, continuidad en las obras prioritarias, planificación y previsibilidad», afirmó Heisecke.

La crisis de Ueno Bank también llegó hasta las constructoras. Según el titular de Capaco, el impacto fue directo e indirecto, y para dimensionarlo aporta un dato: dos de cada tres paraguayos tenían cuenta en ese banco. Heisecke sostuvo que hay que esclarecer los hechos con transparencia y conforme a la ley, y proteger a los ahorristas, además de los recursos públicos y previsionales.

Lo que el sector espera ahora de Baruja es concreto: que destrabe las obligaciones pendientes y devuelva previsibilidad a las contratistas. En la información disponible no consta un calendario de pagos ni un compromiso público del nuevo ministro sobre cómo y cuándo se cancelará la deuda con las empresas.

Sobre la mesa hay tres cifras: US$ 350 millones en total, US$ 190 millones de capital y US$ 160 millones que serían intereses. Ninguna lleva fecha.