Conatel denuncia por ueno bank y pide ser víctima ante la Fiscalía

Según La Nación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente que regula la telefonía y el internet en el país, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por la situación financiera de ueno bank y sus presuntos responsables. No va sola con la denuncia: en el mismo movimiento pidió que se la reconozca como víctima de los hechos denunciados y que el Juzgado Penal de Garantías disponga medidas para resguardar el patrimonio público institucional.

El paquete de pedidos tiene tres patas. La primera son las diligencias: Conatel solicita que se realicen las necesarias para determinar los hechos punibles e identificar a los presuntos autores. En la misma línea, pide que se determinen las consecuencias penales de los hechos denunciados en el manejo de fondos institucionales.

La segunda pata es el lugar que reclama en el proceso: ser reconocida como víctima, con apoyo en el artículo 67 del Código Procesal Penal, la norma que establece quién puede ocupar ese lugar.

La tercera es la plata. La solicitud de medidas para resguardar el patrimonio público institucional está dirigida al Juzgado Penal de Garantías, es decir, a un juez y no a la Fiscalía.

La base legal que cita el ente regulador no se apoya en una norma del sistema financiero ni en la ley de bancos: invoca el artículo 28, numeral III, del decreto 14.135/1996, que reglamenta la Ley 642/95 de Telecomunicaciones. Es la reglamentación de su propio sector. A eso suma el deber de denunciar ante las autoridades cuando se toman conocimiento de presuntas actuaciones delictivas.

La denuncia también apunta a la situación financiera de un banco, mientras el organismo público sostiene ante la Justicia que corresponde proteger el patrimonio público institucional.

En su comunicación, Conatel afirma: «La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado». Y agrega que «continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes», sin detallar en el texto cuáles son esas acciones ni cuándo las impulsará.

Lo que sigue está en manos de dos despachos. La Fiscalía debe realizar las diligencias para determinar los hechos punibles e identificar a los presuntos autores que la denuncia menciona. El Juzgado Penal de Garantías debe resolver las medidas solicitadas para resguardar el patrimonio de Conatel. Y el ente regulador pide, además, que se le informe sobre el resultado del procedimiento.

Hasta aquí hay una denuncia presentada, un pedido de ser tenido por víctima y una solicitud de resguardo patrimonial. Los presuntos autores son, por ahora, eso: presuntos, y su identificación aparece entre las diligencias que se reclaman.