Una mujer asesinada cada 11 días; el Senado vuelve a tratar la ley vetada en 2025

El Senado convocó a sesión ordinaria para este miércoles a las 9:00 con la expectativa de tratar el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres, si las comisiones asesoras emiten sus dictámenes. La iniciativa vuelve a la agenda legislativa con una cifra detrás: entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026 el Ministerio Público registró 130 víctimas de feminicidio, un promedio de una mujer asesinada cada 11 días. El mismo proyecto ya fue tratado por el Congreso y terminó vetado por el Poder Ejecutivo en 2025, después de modificaciones que, según los antecedentes citados, alteraron su esencia y comprometían su aplicabilidad.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) recordó que en 2024 se había acordado con el Poder Ejecutivo arrancar con cinco juzgados especializados en los lugares con mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Asunción. La propuesta, dijo, terminó desvirtuada durante su trámite legislativo. Ante este nuevo intento, instó a sus colegas que votaron en contra o no acompañaron el proyecto a reconsiderar su posición y pidió revisar los antecedentes para entender qué pasó en el tratamiento anterior. La legisladora sostuvo la necesidad de retomar la iniciativa con el objetivo de garantizar una respuesta judicial adecuada a las víctimas.

El texto plantea una implementación progresiva de órganos judiciales especializados: una primera estructura en Asunción, Central y Alto Paraná, para luego extenderse a cabeceras departamentales como Villarrica, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo. La creación de los órganos previstos en determinados incisos del artículo 6 deberá hacerse de manera inmediata tras la entrada en vigor de la ley, mientras que la etapa posterior de expansión de juzgados y tribunales de ejecución se desarrollará en los ejercicios fiscales 2027, 2028 y 2029. La implementación, aclara el proyecto, deberá ajustarse a las previsiones presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que las mujeres víctimas de violencia reciban una respuesta judicial inmediata, eficaz y oportuna, con protección de su integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y económica.

Entre las competencias asignadas, los juzgados especializados podrán dictar y ejecutar medidas cautelares y de protección personal, revisar medidas dispuestas por los juzgados de Paz e intervenir en reclamos por daños y perjuicios derivados de hechos de violencia contra las mujeres, así como en investigaciones y procesos penales por feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual, entre otros hechos punibles cometidos contra mujeres por su condición de tales. En los casos en que existan causas conexas entre juzgados ordinarios y especializados, el proyecto otorga competencia a los órganos especializados. En localidades donde todavía no existan juzgados especializados, los juzgados de Paz podrán dictar y ejecutar medidas de protección conforme a las leyes vigentes y luego remitir las actuaciones a la jurisdicción especializada.

El proyecto también fija requisitos de formación y asistencia: el artículo 7 exige a quienes aspiren a integrar la magistratura especializada y los órganos auxiliares formación en Derechos Humanos, con énfasis en prevención de la violencia contra las mujeres, de al menos 120 horas cátedra. El artículo 8 dispone que los juzgados incluyan como mínimo un profesional de Psicología y uno de Trabajo Social, con posibilidad de incorporar Psiquiatría. Se obliga al Poder Judicial a promover la capacitación de magistrados y funcionarios, dotar de infraestructura adecuada y garantizar que las víctimas reciban información sobre su derecho a ser atendidas por personal capacitado, además de notificarlas de las audiencias y de las resoluciones que pongan fin a los procesos.

Las cifras del Ministerio Público también muestran el alcance del problema. Hasta el 9 de octubre de este año se registraron 28 tentativas de feminicidio y 36 hijas e hijos quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes, de los cuales 26 son menores de edad. El departamento Central concentra 12 de los 20 feminicidios registrados en 2026, el 60% de los casos del país en ese período. Los datos señalan además que en la mayoría de los hechos el agresor es la pareja o expareja de la víctima y el crimen ocurre dentro de la vivienda.

El proyecto fue presentado por Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDP), Juan Afara (ANR, Causa Republicana) y Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana). El tratamiento en el pleno depende de que las comisiones asesoras emitan dictamen.