«Es un negocio»: pagar te evita la máxima seguridad, dice la ex ministra Pérez

Quien tiene plata para pagar no entra al régimen de máxima seguridad. Quien no la tiene, sí. Lo afirma Cecilia Pérez, ministra de Justicia entre 2019 y 2022, en declaraciones a Última Hora, quien describe ese sistema como un mecanismo de enriquecimiento para funcionarios y autoridades.

«Hoy el sistema de máxima seguridad es un negocio amplificado, es un mecanismo de enriquecimiento ilícito superlativo para los funcionarios y para las autoridades», sostiene Pérez. Según su versión, estar o dejar de estar en ese régimen se maneja como un negocio, incluso violando normas legales y decisiones judiciales, en los casos que le tocó ver.

La ex ministra menciona un audio de una supuesta conversación entre el director de Inteligencia y un interno sobre montos para salir. Es decir, plata para dejar el encierro más duro.

Puso ejemplos. Recordó que Alexandre Rodrigues Gomes fue enviado a máxima seguridad por el juez Osmar Legal después de que se publicara la desgrabación de su teléfono, en la que hablaba de matar al fiscal Marcelo Pecci. También señaló que el fugado Éver Ozuna ya tenía episodios de violencia en otros penales.

Su propuesta es cambiar quién firma la orden. «No es la administración penitenciaria la que decide quién sale y quién entra del sistema de máxima seguridad o de alta peligrosidad», afirma. Pide que la perfilación y la permanencia en máxima seguridad tengan control 100% judicial. El espejo que cita es Brasil: allí el juez de la causa y el de ejecución deciden el ingreso a la máxima seguridad federal.

En el plano legal, Pérez dice que existe un borrador de ley de 2024 que se envió sin un estudio acabado y que hoy está muerto en alguna comisión: el estudio del proyecto no avanzó.

Pérez no llega a este tema desde afuera. Fue viceministra de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, ministra asesora en Asuntos de Seguridad de Presidencia en 2022 y ministra en la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA en 2023.

Lo que queda, según ella, es una investigación penal pendiente y decisiones políticas por tomar. Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta oficial: quién decide, y con qué criterio, quién pasa sus días en el encierro reservado a los presos de alta peligrosidad.