Un solo oferente para ₲4.000 millones: Ciudad del Este debe explicar por qué

El contrato está publicado: la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó a PROYEC S.A.E. (RUC 80018379-7) el «SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA Y LA PLANTA ASFALTICA» por ₲4.000 millones, con fecha 27 de julio de 2026. El procedimiento figura como CE - CVE con difusión previa y registra un solo oferente. Esa combinación —monto alto, vía de excepción y competencia mínima— no es un dato menor: es el punto exacto donde el dinero público deja de estar vigilado por el mercado y pasa a depender de la voluntad de unos pocos.

No se trata de un contrato cualquiera. El mantenimiento de la planta asfáltica condiciona la capacidad municipal de producir mezcla asfáltica y, con ella, la ejecución de obras. Cuando se contrata por excepción, la carga de la prueba no recae sobre el periodista ni sobre el contribuyente: recae sobre la institución que decidió no llamar a licitación abierta. La Municipalidad debe publicar la justificación del procedimiento, el estudio de mercado, las invitaciones cursadas, el acta de evaluación y el contrato completo. Si la difusión previa fue suficiente, que lo demuestre con documentos, no con comunicados.

El patrón se repite en otros dos registros oficiales. PETROPAR adjudicó a AZUCARERA PARAGUAYA S.A. (RUC 80003322-1) la «ADQUISICION DE ALCOHOL ABSOLUTO» por ₲129.600 millones, mediante SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional, con un valor estimado de ₲311.610 millones y sin dato de oferentes en el registro. La Municipalidad de Asunción adjudicó a CONDOR SACI (RUC 80002514-8) la «ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS» por ₲6.144 millones, por CE - CVE con difusión previa, con dos oferentes y un valor estimado de ₲15.858 millones. Son compras distintas, pero comparten una exigencia: que la competencia y la necesidad estén probadas.

En el caso de PETROPAR, la subasta a la baja es, en principio, un mecanismo competitivo. Pero el registro público no consigna cuántos oferentes participaron. Ese vacío no permite evaluar si hubo competencia real ni si el precio adjudicado —muy por debajo del estimado— se explica por la puja o por otro motivo. En Asunción, la compra de camiones recolectores es una necesidad recurrente y previsible; por eso mismo, la excepción debe estar justificada con precisión. No afirmamos que haya delito: afirmamos que la información disponible no permite descartar una adjudicación mal competida.

La DNCP tiene en sus manos la verificación de estos procedimientos. Debe explicar si la difusión previa cumplió los requisitos de publicidad, si se respetaron los plazos, si se evaluaron todas las ofertas y si el contrato se cargó con los datos completos. La Contraloría General de la República debe incluir estas adjudicaciones en su agenda de control y revisar la relación entre precio, necesidad y capacidad del proveedor. El Congreso, por su parte, debe pedir los expedientes y no conformarse con resúmenes. Los ciudadanos financiamos estas compras; tenemos derecho a ver el expediente.

La gravedad no está en el adjetivo. Está en la secuencia: primero se elige una vía de excepción, después se recibe una sola oferta y al final se adjudica por miles de millones. Si ese camino se repite, la licitación abierta se vuelve un adorno. La Municipalidad de Ciudad del Este, PETROPAR, la DNCP y la Contraloría deben responder preguntas concretas: ¿por qué se eligió el procedimiento de excepción en cada caso? ¿Cuántas empresas fueron invitadas y cuántas pudieron ofertar? ¿Qué documentos prueban que el precio es razonable? ¿Quién evaluó la única oferta de PROYEC S.A.E. y con qué criterios? ¿Dónde está el expediente completo de la compra de alcohol absoluto y por qué no figura el número de oferentes? ¿Se auditarán estos contratos?

La Redacción