Tres contratos, ₲135.195 millones y la competencia como excepción

Tres adjudicaciones asentadas en la plataforma de Contrataciones Públicas alcanzan para describir el estado de la contratación estatal: ₲135.195 millones comprometidos en el mantenimiento de un radar meteorológico, en medicamentos monoclonales para el Instituto de Previsión Social y en la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los datos son públicos, están fechados y tienen nombre y apellido. No hace falta imaginar nada para preguntar por qué el Estado compró en condiciones tan frágiles.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil adjudicó ₲3.342 millones a TECH ENTERPRISE S.A. (RUC 80079482-6) por el «servicio de mantenimiento integral, calibración, soporte técnico especializado y provisión de componentes críticos para el radar meteorológico Doppler banda C». El monto adjudicado coincide exactamente con el valor estimado y el procedimiento fue el que el sistema registra como «CE - CVE con difusión previa», es decir, una vía de excepción. Un radar que falla no es una molestia administrativa: compromete la previsión de eventos extremos y la seguridad de la aviación. Que ese servicio se contrate por excepción y sin un segundo oferente exige explicación técnica, no silencio.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay adjudicó ₲14.822 millones por la «asistencia técnica para mantenimiento y operación de la PTAR de San Lorenzo» a SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (RUC 80086833-1). Fue una Licitación Pública Nacional, la figura que el sistema reserva para los contratos donde debe haber competencia, y se presentó una sola empresa. Una licitación con un único oferente no es una licitación: es una adjudicación directa con trámite y firmas.

El contraste lo ofrece el IPS, que adjudicó ₲117.031 millones a LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (RUC 80000146-0) para medicamentos monoclonales con stock crítico, con diez oferentes y por debajo de un valor estimado de ₲430.848 millones. Es la prueba de que cuando se convoca en serio, el mercado responde y el Estado obtiene mejores condiciones. La pregunta, entonces, no es retórica: ¿por qué esa misma lógica no se aplica siempre?

No afirmamos que exista delito y no imputamos conductas a ninguna empresa ni a ningún funcionario. Señalamos un patrón verificable en los datos oficiales: montos que igualan el valor estimado, procedimientos de excepción para servicios permanentes y críticos, y licitaciones públicas que terminan con un solo competidor. Ese patrón es responsabilidad de los organismos que convocan, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que administra el sistema y debería encender las alertas, de la Contraloría General de la República que debe auditar antes y después, y del Congreso que aprueba y controla el presupuesto.

Pedimos respuestas concretas y documentos. A la DINAC: ¿qué informes técnicos justificaron la vía de excepción, por qué el monto adjudicado iguala el valor estimado y qué empresas del mercado están habilitadas para calibrar un radar Doppler banda C? A la ESSAP: ¿cuántas firmas retiraron el pliego y no ofertaron, qué requisitos del pliego pudieron restringir la participación y a cuánto ascendió el contrato anterior por el mismo servicio? A la DNCP: ¿por qué ninguna de estas tres operaciones activó un control automático? La ciudadanía paga ₲135.195 millones; tiene derecho a saber qué recibió a cambio.