Trabajo llama "desvinculación disfrazada" a la suspensión de 90 días

Los trabajadores de Kaitel, Itti y WEPA, empresas tercerizadas, se concentraron a las puertas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Antes de que las autoridades salieran a dar explicaciones, la tensión ya era total.

La ministra Mónica Recalde anunció inspecciones de oficio en todas las empresas vinculadas a Ueno. Y avisó de que rechazará las suspensiones temporales si las firmas no presentan balances y estados financieros.

Después puso el dato: «Más de 200 personas fueron comunicadas de una desvinculación laboral disfrazada de una suspensión por 90 días». Traducido: lo que llegó a los trabajadores como una pausa de tres meses es, para el propio ministerio, un despido.

La plata sigue sin respuesta. Recalde explicó que el pago de las liquidaciones se hará según la caja a la que cotiza cada trabajador, con el Banco Central del Paraguay (BCP) controlando la operación. No dio monto ni fecha.

Afuera, la vocera del sector, Eliana Santander, puso la otra mitad de la historia: «Nos quedamos sin plata y sin trabajo; somos más de 5.000 familias en zozobra y nos dan respuestas escuetas».

La pelea judicial ya está en marcha. Una demanda colectiva por despido injustificado se presentó ante la jueza Greta Quino, del primer turno laboral. Arrancó con 10 personas y proyecta sumar a más de 200 afectados. El escrito incluye un pedido de embargo preventivo por G. 1.000 millones sobre bienes de VMedia. El caso espera una resolución urgente de la jueza.

Los trabajadores denunciaron que firmas como Kaitel trabajaban solo para el banco, con correos corporativos de la entidad. También señalaron que la tercerización funcionaba sin garantías del sector bancario. Son acusaciones de los manifestantes, no una conclusión de la Justicia.

Mientras tanto, las mesas tripartitas en el MTESS siguen con los directivos de las empresas vinculadas a Miguel Vázquez. Continuarán en los próximos días hasta resolver todas las situaciones, según la ministra.

Lo que queda claro para el lector: más de 200 personas recibieron un aviso que el Ministerio de Trabajo describe como una desvinculación disfrazada de suspensión, hay un pedido de embargo de G. 1.000 millones esperando firma y las liquidaciones siguen sin monto ni fecha.