Rosa Cuenca, la mujer de 70 años que, según su familia, pagó toda su deuda y perdió su casa, enfrentará juicio oral por presunta 'invasión' y no aparece el expediente del remate

Rosa Cuenca, la mujer de 70 años a la que, según su familia, le quitaron la casa pese a haber pagado toda su deuda en la ciudad de Abaí, Caazapá, enfrentará un juicio oral y público el 11 de noviembre por presunta invasión, junto a dos de sus ocho hijos. Se la acusa de haber invadido la casa familiar, que se había rematado por una supuesta deuda de un préstamo. El expediente del juicio ejecutivo que terminó con el desalojo no fue localizado ni en el Archivo de los Tribunales ni en el Juzgado, según las verificaciones periodísticas.

El origen del conflicto es un préstamo que el esposo de Rosa, Juan de Dios Bogarín, hizo en 2003 con la empresa productora Tupã Renda, que trabajaba con la Colonizadora San Agustín, por USD 6.265 (G. 37 millones). Según la familia, todo lo que prestaron se pagó durante años con granos de soja cosechados en su propiedad y entre 2008 y 2010 fueron informados de que la deuda estaba saldada. Años después, el esposo fue demandado por tres pagarés por la Colonizadora San Agustín.

El entonces juez civil Hugo Becker remató la casa y luego se encargó de hacer la transferencia judicial de la vivienda mediante escritura pública el 28 de diciembre de 2017, representando a Bogarín. La Comisión de la Mafia de Pagarés del Senado observa que Bogarín ya había fallecido el 17 de agosto de ese año, cuatro meses antes de la transferencia. Según la Comisión, si él murió, el juez debía esperar primero la sucesión y la declaratoria de herederos; pese a eso, el proceso siguió corriendo hasta ejecutarse el desalojo.

El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, manifestó que “detrás de cada expediente hay personas y vidas”. Mencionó que la historia de Rosa no es solo desde la causa que hoy enfrenta, sino que hay que reconstruir el proceso “que terminó con la pérdida de su vivienda”. Desde la Comisión confirmaron que encontrar la carpeta del juicio ejecutivo —iniciado en el 2017— permitirá esclarecer el préstamo original, los pagarés y los pagos “que, según la familia, se realizaron durante años mediante la entrega de la producción agrícola”.

Rosa intentó ingerir veneno ante la impotencia por el entramado judicial y por haber perdido la casa, pero los hijos la atajaron. La Comisión habla de “muchas irregularidades más” en el caso. El juicio oral y público iniciará el próximo 11 de noviembre y la carpeta del juicio ejecutivo, hasta ahora, sigue sin aparecer.