Peña prometió no crear ni elevar tributos; la DNIT ya calcula USD 11 millones con un IVA nuevo
El 5% a autos eléctricos e híbridos hoy exentos y un gravamen a las reservas de utilidades no existen en la ley vigente: ambos necesitan pasar por el Congreso.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) proyecta recaudar 11 millones de dólares en el primer año con un IVA del 5% a los vehículos eléctricos e híbridos, que hoy están exentos. El dato lo dio Orué, de la DNIT, quien también reconoció que la creación de impuestos nuevos y la eliminación de exenciones legalmente reconocidas solo pueden hacerse con sanción del Poder Legislativo, por lo que la DNIT tiene preparados proyectos de ley para remitir al Congreso.
Orué reveló que la idea inicial era aplicar una tasa del 10% y que la propuesta se redujo a la mitad tras conversaciones con la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias. Señaló que hay vehículos de 30.000 a 100.000 dólares "que no pagan nada" y sostuvo que la Constitución establece que el impuesto se paga sobre la capacidad contributiva. Además admitió que se requiere una ley previa, de modo que no se sabe todavía si la medida va a entrar en vigencia en 2027.
El segundo frente es el de las llamadas reservas facultativas. Descontado el Impuesto a la Renta Empresarial, las empresas deciden si distribuyen las ganancias netas como dividendos entre sus accionistas o si reservan una parte o todo para reinversión, previsiones, estabilidad o liquidez. La ley exime de impuestos a esa reserva como incentivo, y el Gobierno insinúa desde hace tiempo que los dueños usan esa figura para eludir el impuesto a la renta personal sobre las utilidades que les corresponden.
"No está mal enviar a reserva facultativa. Lo que está mal, a nuestro criterio, es que no haya una regla clara respecto a esa facultad que tienen las empresas", dijo Orué, y aportó una cifra: en un total de 100.000 firmas, las reservas facultativas pasaron de 600 millones de dólares en 2019 a 9.500 millones de dólares en 2024.
El punto de fricción política es explícito: la administración de Santiago Peña prometió a la ciudadanía no crear ni elevar tributos, y el propio Orué admite que ambos cambios requieren ley. El artículo de ABC Color que sirve de base a esta información sostiene que no se trata de un ajuste reglamentario sino de nuevos tributos, y advierte que el gravamen a las reservas recaería otra vez sobre el sector formal de la economía. Ninguno de los dos proyectos fue enviado aún al Congreso.
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