Según estimaciones del Gobierno, Paraguay podría quedarse sin excedente energético en 2030

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), presidente de la Comisión de Entes Binacionales, presentó un proyecto de resolución para pedir informes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre su situación económica y financiera, los costos de adquisición de potencia y energía de Itaipú y Yacyretá, los contratos de suministro vigentes y la disponibilidad real de potencia eléctrica. El pleno de la Cámara de Diputados debe decidir mañana si da trámite al pedido.

El proyecto se presenta después de que el Gobierno de Santiago Peña sumara a Paraguay a la Iniciativa Pax Silica, orientada al desarrollo de la llamada "superinteligencia" con aporte de minerales críticos y recursos hidroeléctricos del país firmante, y anunciara un acuerdo para instalar en el país a la empresa estadounidense electrointensiva Crusoe, que usará energía de Itaipú.

En la fundamentación del pedido, Espínola señala que "preocupa la evolución del endeudamiento institucional (de la ANDE), las pérdidas de energía eléctrica no facturada y la creciente demanda de potencia por parte de industrias de gran consumo, centros de datos y emprendimientos vinculados a nuevas tecnologías".

Según las propias estimaciones del Gobierno citadas en el documento, existe la posibilidad de que para 2030 el país llegue a agotar su excedente de energía. El documento señala que ese escenario se agrava porque los contratos ya firmados con industrias de gran consumo deben honrarse, lo que podría terminar afectando al usuario domiciliario, ya sea con menor disponibilidad de energía o con un encarecimiento de la tarifa.

El proyecto remarca además que "estas circunstancias hacen necesario conocer los criterios de asignación de potencia, las condiciones contractuales otorgadas a determinados sectores y la disponibilidad real de energía para atender tanto el crecimiento industrial como las necesidades de la población".

El documento sostiene que el objetivo de requerir estos datos es "contribuir a la transparencia en la administración de los recursos energéticos nacionales y disponer de elementos técnicos y financieros que permitan analizar las decisiones adoptadas y sus posibles consecuencias a mediano y largo plazo, resguardando los intereses de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema eléctrico paraguayo".