Inecip: G. 17 millones por hectárea al líder que repartiría la coima en Canindeyú

En Canindeyú la marihuana no crece escondida en el monte. Crece en la tierra de los propios pobladores, cerca de sus casas. Y por cada hectárea hay un pago: un promedio de G. 17 millones que se entrega al líder de la comisión de la zona, la persona que después se encarga de la coima. Así lo describe Juan Martens, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

«No se hace a escondidas», dice Martens. El cultivo es comunitario y lo organizan grupos por zonas, con un líder que comunica a las autoridades cuánto se va a plantar. Ese mismo líder acuerda qué cultivo se destruye. Según el investigador, incluso se simulan operativos antidrogas exitosos junto a las autoridades.

La coima, siempre según Martens, abarca a la Policía Nacional, a la Senad (la Secretaría Nacional Antidrogas) y a la Fiscalía, con comisarías locales, unidades de narcóticos, de inteligencia y de automotores incluidos. Los pagos garantizan que el producto no sea destruido y que los compradores externos entren con seguridad, sostiene el estudio.

El Inecip señala que la falta de asistencia técnica y de desarrollo agrícola sostenible empuja a las familias rurales al cultivo ilegal. La producción tradicional de banana o piña se pierde por falta de compradores y de políticas de apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El trabajo también apunta a organizaciones criminales que captan familias campesinas enteras, incluidos menores de edad, para producir cannabis.

Y el negocio se mete en la casa. El secado, el zarandeo, el jeharyvo y el despalitado —las tareas de preparación de la hoja— se realizan cada vez más en los hogares de la comunidad.

Dos jefes comunales de Canindeyú reconocieron el año pasado que la marihuana es el principal motor económico de sus comunidades, según los investigadores. Uno de ellos lo resumió así: «Acá la gente es cultivadora, no es traficante».

Los operativos, mientras tanto, siguen. Martens describe las destrucciones de cultivos como una puesta en escena: «Se tiene que mostrar resultado, incluso los mismos cultivadores, pobladores saben que eso se tiene que hacer y las destrucciones operan como puestas en escena para proyectar orden, autoridad y soberanía, más allá de los resultados de reducción de hectáreas sembradas».

El Inecip advierte que la destrucción de cultivos se hace sin un plan de sustitución por opciones de la economía lícita. Los productores citados en el estudio sostienen que la erradicación forzosa reproduce desigualdad, exclusión y pobreza, con endeudamiento y migración forzada de jóvenes.

El estudio no detalla qué se ofrece a esas familias para plantar y vender cuando les destruyen la chacra. Describe la falta de ese plan y no lo reemplaza con nada.