Nueve meses para autorizar y minutos para suspender: Rivas frena la diligencia de Ypytá
El juicio civil de Ypytá define el destino de la Universidad Autónoma San Sebastián y otros inmuebles de Pedro Juan Caballero, y la Corte Suprema deberá estudiar si corresponde confirmar al juez en el cargo.

El juez en lo Civil y Comercial de Asunción Édgar Rivas Laguardia suspendió a última hora la constitución judicial de varias propiedades de la firma Ypytá en Pedro Juan Caballero, entre ellas la Universidad Autónoma San Sebastián, diligencia que debía realizarse este miércoles en el marco del juicio “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, según publicó La Nación.
Según La Nación, el argumento de la suspensión fue una comunicación al juzgado de la abogada Ivone Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —a quien el medio identifica como presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa de Jorge Rafaat, a quien La Nación identifica como capo narco y que fue asesinado—, sobre cuestiones pendientes en la Corte Suprema. El propio medio señala que esa circunstancia no tiene relación con la diligencia programada y que la abogada ya había informado los días 7 y 14 de octubre que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
La diferencia de tiempos es el dato que el medio pone en primer plano: el magistrado tardó nueve meses en autorizar la constitución judicial de la Universidad Autónoma San Sebastián y de los otros inmuebles de Ypytá, y suspendió la diligencia en cuestión de minutos. La Nación califica de “sospechosa” la actuación del juez y sostiene que la decisión genera dudas sobre si existió “algún tipo de motivación extra”.
Según la misma publicación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá analizar la actuación de Rivas Laguardia en este expediente, y el pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que estudiar si corresponde confirmarlo en su cargo o apostar por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
El material no incluye la versión del juez Rivas Laguardia sobre los motivos de la suspensión, ni declaraciones de Guardati, de Braga Diniz o de los representantes de Ypytá. Tampoco precisa qué recursos están pendientes ante la Corte ni cuándo podría retomarse la diligencia suspendida.
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