Nueve entregas irregulares de autos: la Corte remite la auditoría a la Fiscalía

La Corte Suprema metió la lupa en los juzgados de Concepción y el resultado ya está en manos de la Fiscalía. El pleno del máximo tribunal remitió al Ministerio Público los resultados de la auditoría realizada en esa circunscripción por un presunto esquema de blanqueo de vehículos robados. Ahora el que tiene que mover ficha es el Ministerio Público: le toca abrir la investigación.

El número que resume el hallazgo lo puso el ministro Eugenio Jiménez Rolón ante sus pares: «la auditoría realizada corroboró nueve casos donde existían irregularidades en las entregas de los rodados por parte de magistrados de Garantías de Concepción». Nueve entregas de autos bajo sospecha.

Jiménez Rolón agregó otro dato: un solo juzgado incurrió en los hechos, y su titular ya no es funcionaria judicial.

Fue el mismo ministro quien propuso pasar todo al Ministerio Público ante la posibilidad de hechos punibles. Los demás ministros aceptaron.

¿Qué delata el mecanismo? La auditoría encontró resoluciones de entrega escritas en papel y fechadas cuando ya operaba el expediente electrónico, el sistema digital donde se cargan todas las actuaciones. Para los auditores, eso apunta a causas judiciales inventadas.

¿Qué se entregaba y a quién? Según las investigaciones, vehículos de alta gama robados en Brasil se daban como depositario judicial —la figura por la que un juez confía un auto a una persona mientras dura un caso— a policías y agentes de la Senad, la Secretaría Nacional Antidrogas. Las denuncias hablan de camionetas de alta gama con firmas, sellos o nombres falsificados que figuran a nombre de jueces, fiscales, suboficiales y políticos locales.

El hilo salió de un choque. Según publicó Última Hora, tras un accidente de tránsito se constató que una persona tenía un automotor como depositario judicial, y al cruzar los datos apareció que la resolución judicial no correspondía al expediente original. El mismo reporte agrega que entre los casos investigados está el denunciado por el fiscal antidrogas Celso René Morales y que la ex magistrada involucrada sería Honorina Acosta.

No es el primer coletazo: un fiscal fue trasladado después de denunciar el presunto esquema de blanqueo de vehículos robados.

Lo que sigue: la Fiscalía debe iniciar la investigación sobre lo que encontró la auditoría. Queda por responder quién controlaba las resoluciones que salían de los juzgados de Garantías de Concepción y cómo terminaron observadas esas entregas. Todo lo anterior son señalamientos en etapa de investigación: por ahora hay una auditoría remitida y una pesquisa que todavía no arranca.