Fiscalía pide cárcel para Peña: ₲ 3,6 billones en ueno bank

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Santiago Peña. Lo imputa como autor de lesión de confianza y administración en provecho propio en la causa por ueno bank, delitos por los que se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel. El pedido lo firmaron los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. Además decretaron la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, pidieron inmovilizar sus cuentas y salir a buscar su patrimonio.

El caso arranca por la plata que el Estado tenía metida en el banco. Según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, a setiembre de 2026 había en ueno bank ₲ 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495 en fondos públicos y previsionales. El patrimonio que la entidad declaró en su balance al 30 de septiembre era de ₲ 2.525.148 millones. Poco después, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad la resolución y disolución de ueno bank: su índice de solvencia, el colchón que mide si el banco aguanta, había caído por debajo del 50 % del mínimo legal. La medida se tomó el 3 de noviembre.

El acta de imputación sostiene que Peña intervino desde el Ejecutivo para que organismos del Estado colocaran, renovaran y mantuvieran dinero en el banco. «Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A.», dice el documento. La Fiscalía agrega que mantuvo al mismo tiempo la Presidencia de la República y una participación accionaria en ueno Holding S.A.E.C.A. durante casi dos años, y que siguió respaldando públicamente al banco aunque había informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias y riesgos para su situación patrimonial.

La imputación llegó después de una declaración indagatoria de tres horas y de que el Congreso destituyera a Peña de forma unánime por juicio político. La causa se apoya en denuncias de parlamentarios de oposición presentadas el 5 de noviembre de 2026. En el mismo expediente están imputados ocho directivos de ueno bank por lesión de confianza, conducta indebida en crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros.

La investigación busca determinar si desde el Ejecutivo se canalizaron recursos estatales hacia ueno bank, si hubo manejo irregular de fondos públicos y si las operaciones crediticias comprometieron intereses patrimoniales. También quiere establecer si esas actuaciones generaron beneficios indebidos para intereses particulares y revisar los créditos otorgados a sociedades vinculadas al propio grupo económico del banco.