«Es un ajuste, no un aumento»: Defensa sube 14%

El ministro de Defensa, Óscar González, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto el incremento de su cartera con una frase: “Es un ajuste, no un aumento”. El aumento es de 60 millones de dólares sobre un total de 488 millones, un 14% más que el presupuesto vigente. Dentro de ese monto, el rubro de personal crece 16%, unos 55 millones de dólares, es decir, casi la totalidad del incremento. El supuesto ajuste es cinco veces mayor a la inflación proyectada.

En Educación, el ministro Luis Ramírez sostuvo que se preveía un aumento del 2,4% y que estrechó sus previsiones; el proyecto incluye igualmente un extra de 30 millones de dólares para reajustes salariales generalizados. El Ministerio de Agricultura y Ganadería prevé un incremento del 2% y el de la Niñez y Adolescencia una inyección adicional del 15%, prácticamente todo destinado a servicios personales.

La Corte Suprema de Justicia recibe en el proyecto del Ejecutivo un aumento de casi 10%, equivalente a 25 millones de dólares, pero su presidente, Alberto Martínez Simón, pidió a la Bicameral 57,2 millones más, con aumentos salariales para 8.043 funcionarios y la creación de casi mil cargos nuevos. El Ministerio Público pasó de 96 a 127 millones de dólares en el proyecto remitido por el Ministerio de Economía, un 30% más; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, solicitó otros 72 millones.

También acudieron a pedir más los ministros de Justicia y del Interior. Rodrigo Nicora, cuyo presupuesto ya traía un aumento de 14 millones de dólares (15,5%), reclamó otros 14 millones para espacio carcelario, según dijo. Enrique Riera pidió 6 millones más para modernizar el servicio 911 y la red de radios policiales. Se cuestionan esos pedidos por vía constitucional: el único que ejerce el Poder Ejecutivo de manera unipersonal es el presidente Santiago Peña, y es a él a quien los ministros debieron convencer, no al Congreso.

El marco fiscal tampoco acompaña. Se proyecta que el fisco cierre este año con un déficit del 3,2% del PIB, más del doble de lo prometido para 2026 por la administración Peña al iniciar su mandato. El nuevo cronograma permite elevar ese saldo rojo al 3,9% del PIB en 2027, con la cancelación total de las deudas vencidas con proveedores y contratistas, que todavía suman alrededor de 1.000 millones de dólares, y retornar al tope de 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal en 2028. Con gastos que suben en vez de bajar, el texto concluye que esas metas son de cumplimiento imposible.