El IPS adjudica ₲ 26.561 millones en comida del Ingavi con una sola oferta
LAKMI S.A. fue la única empresa que se presentó en la LPN 63-25 para alimentar a funcionarios y pacientes del Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Un solo oferente no es ilegal: lo que queda por explicar es por qué no hubo más.
El Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó ₲ 26.561 millones a LAKMI S.A. (RUC 80054786-1) para la contratación de servicios tercerizados de provisión de alimentos destinados a funcionarios y pacientes del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. La adjudicación corresponde a la Licitación Pública Nacional LPN 63-25 y lleva fecha del 18 de diciembre de 2025, según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
A ese llamado se presentó una sola empresa. El valor estimado por el organismo antes de adjudicar fue de ₲ 26.561 millones, el mismo monto que finalmente se adjudicó. En una Licitación Pública Nacional el llamado es abierto y cualquier proveedor que cumpla los requisitos puede ofertar; cuando comparece una única firma, el contrato se cierra sin comparación de precios entre competidores y el precio de referencia queda fijado por la propia institución convocante.
El dato del proveedor tampoco es aislado. En la base de la DNCP que sigue este diario, LAKMI S.A. figura con 7 contratos por ₲ 57.146 millones en total. El primero data del 31 de enero de 2025 y el último del 18 de agosto de 2026. En 2 de esos 7 contratos fue el único oferente, y el dinero proviene de 5 organismos distintos.
Que se presente un solo oferente no es, por sí mismo, una irregularidad: la normativa de contrataciones públicas permite adjudicar cuando la convocatoria fue pública y no hubo más interesados, y la ley contempla esos casos. Lo que el expediente permite verificar es que hubo un solo postulante y que el monto estimado coincidió con el adjudicado.
Queda sin explicar cuántas empresas retiraron el pliego, por qué ninguna otra presentó oferta para un contrato de este tamaño ni cómo se construyó el valor estimado de ₲ 26.561 millones. Las preguntas que el IPS debería responder son concretas: si el llamado se difundió fuera de los canales habituales, si hubo consultas de otras firmas durante el periodo de preguntas, con qué criterio se fijó el precio de referencia y qué controles se aplicaron al precio unitario por ración en un servicio que se extiende a funcionarios y pacientes internados.
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