Bonos de ueno: 5 a 10 centavos por dólar y la pelea que puede llegar a EE.UU.

Un millón de dólares puestos en bonos de ueno bank hoy se negocia, en el mejor de los casos, por una décima parte. Desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino la entidad el 3 de noviembre, esos papeles se compran y se venden a entre 5 y 10 centavos por cada dólar, y Fitch Ratings los marcó en default. Para quien había entrado con un millón a valor nominal, la posición quedó en una franja de 50.000 a 100.000 dólares.

ueno era el sexto banco más grande del país. El BCP determinó problemas de solvencia vinculados a operaciones crediticias con compañías relacionadas a sus propios dueños, operaciones que hoy están bajo investigación.

La deuda que quedó colgada se colocó a cinco años, con un interés de 6,70% y bajo las reglas del estado de Nueva York. Fueron 350 millones de dólares: ninguna otra empresa paraguaya había levantado tanto dinero en los mercados del exterior. Del otro lado del mostrador hay jugadores de peso: Franklin Templeton, Nomura, VanEck y Man Group, entre otros.

Esos acreedores tienen una puerta abierta. Pueden acudir a la justicia estadounidense a pelear por su plata o a revisar si la información con la que se vendieron los papeles estaba completa. «La presentación de información financiera materialmente falsa u omisiones relevantes durante la emisión de bonos bajo legislación de Nueva York podría derivar en investigaciones por fraude de valores y demandas de los inversores», explicó el economista y financista César Addario Soljancic, especializado en deuda soberana y mercados emergentes.

Con ese escenario, según el mismo especialista, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene margen para abrir una pesquisa, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, el regulador del mercado de ese país) puede mover sus fichas y los damnificados pueden demandar, sobre todo en el Distrito Sur de Nueva York.

Ojo: perder plata no convierte a nadie en delincuente. Addario aclaró que las pérdidas o el default, por sí solos, no arman un delito. La carga penal tampoco se reparte entre la empresa: cae sobre personas. Pueden quedar en la mira los que dieron el visto bueno, estamparon la firma, redactaron o certificaron los papeles de la colocación, siempre que supieran que lo que firmaban era falso. Un descuido o un error de criterio no alcanzan: la clave es el engaño o la temeridad consciente. Y los que vieron algo raro y se quedaron quietos también pueden terminar citados, según lo que exigía su cargo y lo que muestren las pruebas.

El alcance posible no se detiene en los directivos: podría subir a los controlantes y, si aparecen fallas de supervisión, al BCP o al Estado. Contra las autoridades paraguayas o el Estado, en todo caso, haría falta una razón jurídica propia: no se desprende sola de la ley neoyorquina.

Extradición, por ahora, lejana. Addario la ve muy improbable por el tamaño de la emisión y su peso relativo en el mercado estadounidense. Para pedirla haría falta una causa penal abierta allá por hechos que la justifiquen, no una demanda civil. Paraguay tiene tratado de extradición con Estados Unidos, pero aplicarlo depende de los requisitos de siempre.

Mientras, la Fiscalía paraguaya mantiene contactos informales con el Departamento de Justicia, el FBI y FinCEN —la agencia estadounidense que persigue el lavado de dinero— para ubicar activos atados a la causa.

¿Por qué le toca al ciudadano que no compró un solo bono? Porque la emisión es deuda de la empresa, no una obligación del Estado, pero el golpe puede llegar al bolsillo de todos: si los inversores ven controles flojos y poca transparencia, van a pedir más interés para prestarle al país. Eso se paga con impuestos.

Queda por definir si hubo financiamiento indirecto o transferencias entre sociedades del mismo grupo, qué responsabilidad cabe a directivos, auditores, abogados y colocadores, y si todo esto cambia la nota de riesgo con la que Paraguay se presenta en el mercado.