Aumentos salariales con impuestos: debate a sonido apagado y prensa afuera

Sonido apagado, periodistas retirados del recinto y, en la pantalla, una adenda de ₲398.778 millones que plantea aumentos salariales y cuya financiación provendrá de impuestos. La comisión bicameral vuelve a sesionar a las 14:00. No es un trámite menor: es plata de todos, decidida en una sala de la que se sacó a quien podía contarla.

Lo que no se sabe es lo que importa: cuántos cargos crea la adenda, de qué montos, para qué reparticiones, quiénes los ocuparían y qué impuesto la financia. Nada de eso está en lo publicado. Sin esa planilla, el contribuyente no puede saber si la adenda ordena un desorden o si lo consolida. El texto de la adenda, el detalle de cargos y montos, la fuente de financiamiento y el acta con el registro de quién votó qué son los documentos que deben estar sobre la mesa antes de la próxima sesión.

La otra pata es de la misma semana. El Senado no juntó los 23 votos: 18 de 45. Los pedidos de informe sobre el Ueno Bank y el grupo Vázquez quedaron sin tratar, y los sueldos de ₲37,9 a ₲42 millones se mantienen. Un cuerpo que no reúne el quórum para controlar intereses económicos grandes sí sostiene sus haberes. Cobrar el sueldo no es ilegal: lo que corresponde preguntar es qué se hace con el tiempo y con la mayoría que el cargo exige.

La tercera pata es la puerta de entrada: la planilla. Recursos Humanos del Senado no explica quién entra, con qué requisitos ni en qué plazo, y deriva el tema al presidente Basilio Bachi Núñez. En paralelo, tres funcionarias del Congreso denunciaron a la senadora Zenaida Delgado: según su versión, entregan su bonificación y el nombramiento permanente cuesta hasta ₲100 millones, y presentaron audios y capturas. Entre 15 y 20 funcionarios sostienen lo mismo sobre las bonificaciones. Es una denuncia, no una condena, y va con el nombre de quienes la hacen; en lo publicado no consta la respuesta de la senadora.

Una denuncia por corrupción contra el presidente del Senado alega bonificaciones de ₲21.100.950; el fiscal Néstor Coronel ya cuenta con informes de la Contraloría y sigue reuniendo datos sobre unos 300 ingresos al Congreso. Estar bajo investigación no es ser culpable, y así hay que leerlo. Pero explica por qué la pregunta por los nombramientos dejó de ser tema de pasillo: hay una fiscalía mirando la puerta por donde entra la gente a la planilla.

Y el control que debería cerrar el círculo no llega: la Contraloría revisó 35 instituciones, identificó 1.090 títulos de funcionarios para aclarar —no falsos: para aclarar— y dejó fuera al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Congreso, con unos 94.000 casos por investigar. El mismo Congreso que discute aumentos para su estructura y define quién entra a su plantilla queda fuera de ese relevamiento.

Las preguntas para esta semana son cuatro. ¿Cuántos cargos nuevos crea la adenda de ₲398.778 millones, con qué montos y con qué impuesto se paga? ¿Quién dispuso apagar el sonido y retirar a la prensa del recinto? ¿Cuál es el criterio para entrar a la planilla del Senado y qué autoridad lo firma? ¿Y cuál es la versión de la senadora Delgado sobre lo que dicen sus funcionarias? Se responde con documentos, no con comunicados.