680.000 sancionados: China extiende su campaña anticorrupción a sus empresas fuera

China ya no persigue solo a sus funcionarios dentro de casa. La Asamblea Nacional Popular aprobó una ley anticorrupción de 47 artículos repartidos en seis capítulos que obliga a las empresas chinas que operan en el exterior a crear departamentos o designar personal para prevenir la corrupción, según la agencia oficial Xinhua. Cuánta gente destinan a esa tarea depende del tamaño de la firma y de los riesgos que enfrente.

La norma llega en plena cosecha disciplinaria. Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre, de acuerdo con datos oficiales. En esa lista hay 105 funcionarios de rango provincial o ministerial o superior.

El primer borrador del texto se examinó en agosto de 2025 y la ley regirá desde su promulgación.

El texto no solo habla de empresas. También impone a los investigadores deberes de confidencialidad sobre secretos de Estado, información comercial y datos personales que aparezcan en las pesquisas.

Ahí aparece el hueco. La información difundida no detalla cómo se aplicarán los mecanismos de cooperación con otros países. La norma alcanza a la corrupción fuera de las fronteras chinas, pero la letra chica de esa cooperación queda sin explicar.

El antecedente tiene cifras. Sky Net, la operación internacional iniciada en 2015, logró el retorno de 14.048 personas desde más de 120 países y territorios hasta finales de 2024, según el principal organismo anticorrupción chino. La misma operación permitió recuperar 66.620 millones de yuanes en activos, unos 9.920 millones de dólares.

Ese mecanismo es el que genera rechazo afuera. Gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos critican las operaciones por presunta vigilancia, acoso y coacciones contra personas reclamadas por Pekín.

La campaña que Xi Jinping impulsa desde 2012 tampoco se lee de una sola manera. Algunos observadores la ven también como un instrumento para apartar rivales políticos, además de su objetivo declarado de perseguir la corrupción. En estos años alcanzó a altos cargos políticos, empresas estatales y mandos militares.

Una semana antes de la ley, el Comité Central del PCCh aprobó una resolución para vigilar los negocios de familiares de dirigentes y revisar su patrimonio.

Qué pasa ahora: la ley entra en vigor desde su promulgación, pero sigue sin respuesta pública cómo se traducirá en la práctica la cooperación penal con otros países. Esa es la pregunta que la información oficial deja abierta y la que definirá si la norma se queda en el papel o cruza fronteras.