₲ 59.300 millones en tres licitaciones: un solo oferente en cada una

Tres licitaciones públicas nacionales. Tres servicios de salud. Un solo oferente en cada una. Los montos consignados en el portal de Contrataciones Públicas suman ₲ 59.300 millones, y en ninguno de los tres procesos hubo competencia: una empresa por llamado.

El detalle, según los registros de la DNCP. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social llamó a la LPN N° 27/2025 para la operación, estudios e informes de resonancia magnética para pacientes del INCAN, plurianual y contrato abierto, por ₲ 10.000 millones; se presentó el Consorcio Excelencia en Diagnóstico por Imágenes (CEDI), RUC 80165021-6. El Ministerio de Economía y Finanzas licitó los servicios de seguridad social para sus servidores públicos por ₲ 32.400 millones; se presentó Santa Clara SA Medicina Prepaga, RUC 80002917-8. La Corte Suprema de Justicia licitó el servicio médico y sanatorial integral para su personal contratado, plurianual, contrato abierto y ad referéndum, por ₲ 16.900 millones; se presentó ASISMED S.A., RUC 80016658-2.

La licitación pública nacional es, precisamente, el procedimiento que el sistema diseñó para que varias empresas compitan. Cuando se presenta una sola, el Estado pierde la referencia del precio de mercado y la comparación de calidad: no hay contra qué medir la oferta. Eso no convierte al proceso en ilegal. La ley permite adjudicar al oferente único cuando cumple los requisitos, y también declarar desierto el llamado. Un solo oferente puede ser el resultado de un mercado concentrado, de exigencias técnicas muy específicas o de plazos ajustados. Ninguna de esas explicaciones se cae sola: cada una se documenta.

Por eso lo que corresponde aquí no es una sospecha, sino una pregunta con papeles. ¿Cuántas empresas retiraron el pliego en cada uno de los tres llamados? ¿Cuántas presentaron consultas y qué se respondió? ¿Cuántos días hubo entre la convocatoria y la apertura de ofertas? ¿Los estudios de mercado de cada institución a cuántos proveedores consultaron y a qué precios? ¿La DNCP revisó estos llamados y qué observaciones formuló? Ninguna de esas respuestas está en el dato público. Y sin ellas, el contribuyente solo ve el resultado: un llamado, una empresa, un monto.

Hay dos agravantes de diseño que merecen atención. Primero, se trata de salud: resonancias para pacientes oncológicos del INCAN, seguro médico de funcionarios, cobertura sanatorial de empleados judiciales. Cuando no hay competencia, lo que se resiente no es solo el precio, también la calidad y la continuidad del servicio. Segundo, varios de los contratos son plurianuales, de contrato abierto o ad referéndum: compromisos que se extienden más allá del año fiscal y que atan presupuestos futuros. Cuanto más largo el compromiso, más exigente debería ser la prueba de que el proceso se abrió de verdad.

El control tampoco aparece en los datos. La Contraloría General de la República tiene la facultad de auditar los tres procesos y de revisar la relación entre el monto estimado y el adjudicado. El Congreso puede citar a las máximas autoridades del MSPBS, del MEF y de la CSJ para que expliquen, en sesión y con documentos, cómo se fijaron los montos y qué se hizo para ampliar la concurrencia. La DNCP, que administra el portal donde consta todo esto, puede publicar cuántos pliegos se vendieron en cada caso. Son tres respuestas concretas, y ninguna requiere interpretar intenciones.

Quedan las preguntas, que son las del lector. ¿Cuántas empresas compraron el pliego en la LPN N° 27/2025 del MSPBS, en la licitación del seguro médico del MEF y en la de la Corte Suprema? ¿Qué plazo tuvieron para preparar su oferta? ¿Cómo se llegó a la cifra de ₲ 32.400 millones para el seguro de los servidores del MEF y a la de ₲ 16.900 millones para el personal judicial? ¿La Contraloría auditará los tres procesos? ¿Y quién, en cada institución, firma la declaración de que el llamado se difundió y se abrió a todos los proveedores posibles? Hasta que esas respuestas lleguen por escrito, ₲ 59.300 millones en salud quedan adjudicados sin competencia y sin explicación pública.