₲ 54 de cada ₲ 100 van a sueldos; el fisco cierra 2026 con déficit de 3,2% del PIB

De cada ₲ 100 que el Estado recauda, ₲ 54 terminan en salarios de empleados públicos. El gasto total sube 11% y los ingresos 1,5%. El resultado es un déficit anualizado de US$ 2.000 millones y un cierre de 2026 con un déficit de 3,2% del PIB, más del doble de lo prometido. No hace falta ningún anuncio nuevo para entender la semana: alcanza con mirar esa resta.

Esa resta se siente en la despensa. Si más de la mitad de la recaudación tributaria se va en planillas, lo que queda para rutas, medicamentos, dragado del río o sueldos de maestros es la otra mitad, o deuda. La deuda pública total al 21 de setiembre es de US$ 21.982 millones, y US$ 18.097 millones de eso es deuda externa. Cada compromiso que se firma hoy —15 años de contrato de la ANDE, hasta 20 años para devolverle a la empresa que financie la Artigas— se paga con ingresos de años que todavía no votamos.

Y lo que se promete no siempre aparece. El MOPC prometió licitar la Artigas entre finales de julio e inicios de agosto; la obra sigue sin convocatoria, sin moneda definida y sin fecha, con miles de conductores usando a diario una de las arterias más deterioradas de Asunción. En Puerto Sastre, el gobernador Arturo Méndez dice que ya pagó el contrato completo —₲ 1.226 millones— por un «camino de hormiga» que sigue sin inaugurar, y desde la zona piden que la obra se investigue. Son dos formas del mismo problema: plata comprometida y obra que no se puede usar.

Después está cómo se compra. Entre el 27 de setiembre y hoy, la DNCP registra 185 contratos adjudicados por ₲ 350.088 millones: ₲ 3.542 millones salieron por vía directa o excepción y 69 contratos tuvieron un solo oferente. Un solo oferente no es ilegal, y la vía directa tiene causales en la ley. Lo que corresponde es que el pliego y la convocatoria se expliquen: el mantenimiento del sistema CYBIRA se adjudicó por ₲ 3.000 millones a la única firma presentada, con un monto idéntico al estimado; las licencias de LearnMate, ₲ 3.500 millones, también con una sola empresa y también igual al estimado; la comida del Ingavi, ₲ 26.561 millones, con una única oferta. Que el precio final coincida con el estimado no prueba nada por sí solo, pero es exactamente el punto donde la competencia debería haber hecho su trabajo.

El Presupuesto 2027 mueve ₲ 166,3 billones, 11,2% más que el de 2026, y reparte entre 107 organismos del Estado. La comisión bicameral que preside Cristina Villalba empezó esta semana a definir ese reparto sin fecha cierta para su dictamen. En ese proyecto, Defensa sube 14% y se presenta con una fórmula que conviene retener: «Es un ajuste, no un aumento». Cuando el gasto sube en casi todos los entes, la palabra ajuste queda haciendo equilibrio sobre una cuenta que no cierra.

Hay además plata que se compromete a plazos largos. El IPS autorizó US$ 44 millones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones para bonos corporativos de Telecel y Scavone, mientras el 63% de su cartera sigue concentrado en bancos y solo 7,61% está en títulos de deuda. Del otro lado, Petropar lleva 12 prórrogas para adjudicar un combustible de aviación de US$ 22,8 millones y ahora abre una subasta de ₲ 3.297 millones en equipos de laboratorio para controlarlo. Plazo, rendimiento, condiciones de salida y qué pasa si el negocio sale mal: esos datos no están y son los que corresponden a cada entidad.

Para cerrar, tres preguntas concretas. Al Ministerio de Economía: cuánto del Presupuesto 2027 está comprometido en remuneraciones y cuánto se prevé financiar con deuda. A la bicameral que preside Villalba: en qué fecha piensa tener el dictamen. Al MOPC: qué día se convoca la licitación de la Artigas y con qué moneda. Y al gobernador Méndez: los documentos del pago de los ₲ 1.226 millones, para que la obra se pueda ver y la cuenta se pueda revisar. Mientras esas respuestas no lleguen, la única cifra que no se prorroga es el déficit.