5.000 trabajadores de ueno no pueden pagar abogado: Trabajo pide defensor público

Unos 5.000 trabajadores de ueno bank y de las empresas del Grupo Vázquez quedaron sin poder cobrar su salario, sin poder tocar sus ahorros y sin plata para pagar un abogado. Así los describe el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que ahora salió a buscarles defensa legal gratis, según informó La Nación.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, pidió al Ministerio de la Defensa Pública que designe defensores públicos especializados en materia laboral. El pedido viajó al defensor general Javier Dejesús Esquivel González en la Nota MTESS N.º 621/2026, con un ruego: acciones urgentes de asistencia jurídica gratuita para los trabajadores afectados.

El cuadro que el Ministerio dibuja es el de una plantilla en el aire. En las inspecciones del 5 de noviembre, los fiscalizadores constataron establecimientos cerrados y trabajadores sin ocupación efectiva. También ausencia de procedimientos formales de desvinculación, es decir: nadie les hizo un despido como manda el papel. Y una traba más: dificultades para identificar a los representantes patronales. Del otro lado, según el MTESS, no hay con quién sentarse a negociar.

El motivo de la urgencia lo pone el mismo Ministerio: la vulnerabilidad económica y laboral de los afectados. Sin ingresos, sin acceso a sus ahorros y sin recursos para contratar un abogado, los trabajadores quedan en manos de lo que el Estado les ofrezca.

Hay una herramienta legal que juega a su favor. El Ministerio recordó que el artículo 247 del Código del Trabajo le da carácter privilegiado a los créditos laborales: lo que se les debe por salarios se cobra antes que otras deudas de la empresa.

El origen del problema es una decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició un procedimiento de resolución bancaria y comprometió la situación laboral de esa gente. Las empresas vinculadas a ueno bank son las que emplean a los aproximadamente 5.000 trabajadores, según los antecedentes que maneja el MTESS.

Además de pedir defensores, el Ministerio propuso armar una mesa de trabajo interinstitucional con la Defensa Pública y un protocolo de derivación de casos. La idea es que cada trabajador llegue rápido a un abogado y que se promuevan acciones judiciales y medidas cautelares para resguardar los créditos laborales.

Mientras tanto, el MTESS dice que sigue atendiendo y asesorando a los trabajadores y que continúa con las fiscalizaciones.

Lo que la información del Ministerio deja abierto es la cuenta: cuánto se les debe a esos 5.000 y cuándo van a cobrar. Tampoco está dicho cuándo quedarán designados los defensores públicos que Recalde reclamó. El pedido ya está sobre la mesa; la respuesta de la Defensa Pública es el paso que sigue.