₲ 348.000 millones en tres contratos: la competencia no apareció

Tres contratos, casi ₲ 348.000 millones comprometidos y una constante que debería incomodar a cualquiera que pague impuestos: en dos de esas licitaciones se presentó una sola empresa. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) recibió una única oferta para el «LPN Nº 04/2026 Servicio de Control de Emisiones de Gases contaminantes provenientes de Fuentes Móviles»: VERIFICACIONES TECNICAS VEHICULARES (V.T.V.), RUC 80128698-0, por ₲ 76.416 millones. Petróleos Paraguayos (PETROPAR) recibió una sola oferta para «INVERSIONES PARA REMEDIACION Y MITIGACION AMBIENTAL»: CONSORCIO EL FAROL - SAAP, RUC 80179159-6, por ₲ 10.140 millones. Ambas son licitaciones públicas nacionales.

La competencia no es un adorno del procedimiento: es el mecanismo que produce el precio de referencia. Cuando un solo sobre llega a la mesa, el Estado pierde la única herramienta que le permite saber si lo que paga se parece a lo que cuesta. No se trata de sospechar de quien se presentó, sino de constatar que el llamado no atrajo a nadie más. En un servicio como el control de emisiones vehiculares —que exige talleres, equipos y personal en todo el país— la pregunta obligada es cuántas empresas compraron el pliego y por qué ninguna otra se animó a competir.

El MADES debe explicar cuántos pliegos vendió, qué requisitos técnicos y financieros exigió, qué plazo dio entre la publicación y la apertura y si el pliego fue redactado de manera que admitiera más de un proponente. Una licitación de ₲ 76.416 millones no se agota con la constatación de que hubo un oferente: exige mostrar que el llamado fue abierto de verdad.

En PETROPAR el monto es menor, ₲ 10.140 millones, pero el patrón es idéntico: un consorcio, cero competencia, una licitación pública nacional. La remediación y mitigación ambiental en una petrolera estatal no es un rubro exótico; es un gasto recurrente que debería tener un mercado con varios proveedores. Si no lo tiene, corresponde decirlo con documentos: cuántos interesados retiraron el pliego, cuántas consultas se hicieron y por qué el llamado quedó disponible para uno solo.

El caso del MOPC es el más pesado en dinero y merece su propio expediente. El «LLAMADO MOPC N°132/2024 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL CUENCA LAMBARE AD REFERENDUM 2025» fue adjudicado al Consorcio TYT Lambare, RUC 80173372-3, por ₲ 261.442.925.386, cuando el valor estimado era de ₲ 236.575.230.969. La diferencia, ₲ 24.867.694.417, equivale a más de un diez por ciento por encima de la estimación oficial. Adjudicar por encima de lo previsto es posible, pero exige una justificación pública, escrita y verificable. Además, el registro no informa cuántos oferentes se presentaron: la DNCP debe publicarlo.

Ninguno de estos datos prueba por sí solo un ilícito, y este diario no lo afirma. Lo que muestran es un sistema de controles que no está funcionando como corresponde: la competencia no ocurre, la información sobre postores no siempre se publica y las diferencias entre lo estimado y lo adjudicado pasan sin explicación. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene la potestad de revisar cada uno de estos procesos; la Contraloría General de la República, de auditar los expedientes; el Congreso, de citar a las autoridades del MADES, de PETROPAR y del MOPC. Hacerlo no es hostigar a nadie: es la tarea para la que fueron designados.

Las preguntas concretas son estas. Al MADES: ¿cuántas empresas compraron el pliego del LPN Nº 04/2026 y qué cláusula impidió que otras ofertaran? A PETROPAR: ¿cuántos interesados participaron en el proceso de remediación y mitigación ambiental y cómo se fijó el monto de ₲ 10.140 millones? Al MOPC: ¿cómo se justifica adjudicar ₲ 24.867.694.417 por encima del valor estimado en la PTAR de Lambaré y cuántos oferentes se presentaron? A la DNCP: ¿por qué el registro público no informa el número de postores en el llamado del MOPC? A la Contraloría: ¿se auditaron estos tres expedientes? Las respuestas deben ser públicas, por escrito y con documentos a la vista.