17 disparos, dos muertos y una paraguaya ilesa: la Fiscalía boliviana la imputa como cómplice de sicariato

Una ciudadana paraguaya está detenida en Bolivia acusada de haber colaborado con el comando que mató a dos brasileños en una vivienda de la urbanización El Valle de Akualand (Aqualand), en la zona de Valle Sánchez, municipio de Warnes, departamento de Santa Cruz. Se trata de María Belén Arrúa Cantero, de 28 años, oriunda del barrio Santa Rosa de Guarambaré, departamento Central. Quedó detenida la mañana del martes 20 de octubre, inmediatamente después del ataque. El fiscal Luis Alberto Tinte Humerez la imputó como cómplice de asesinato y solicita para ella detención preventiva por 180 días en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom), en la ciudad de Montero, también en Santa Cruz.

Las autoridades bolivianas informaron que la paraguaya se desempeñaba como "dama de compañía (independiente)". La imputación no la sindica como autora de los disparos: sostiene que su aporte fue "una cooperación dolosa de orden informativo", es decir, haber facilitado a los atacantes la posición y la situación de indefensión de las víctimas.

Los asesinados son Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Alves Espinosa Documento, de 29, ambos brasileños. Según la información que la Policía Federal de Brasil remitió a la Policía Boliviana, el primero se llamaba en realidad Wesley Aparecido Estigarribia Márquez y registra antecedentes por narcotráfico y robo agravado. Los vecinos declararon a la prensa local que los sicarios actuaron vestidos como militares, en un ataque de tipo comando. La imputación indica que los agresores aún no fueron identificados.

El relato del Ministerio Público boliviano se apoya en la secuencia de la mañana: Jefferson bajó a la planta baja a las 09:30 a responder una videollamada y la imputada quedó sola en la planta alta con sus teléfonos. Poco después ingresaron los atacantes y abrieron fuego con 17 disparos. Arrúa Cantero fue, según el fiscal, "la única persona que se encontraba en el lugar y que resultó completamente ilesa del ataque armado", y los agresores entraron y salieron del domicilio sin causarle daño.

La imputación suma otros elementos: sostiene que, tras los disparos y la huida de los sicarios, la mujer salió al patio en lugar de haberse ocultado en el baño, y que siguió manipulando su celular. Ella misma, según la imputación, admitió haber filmado videos y tomado fotografías de la escena para enviarlos a terceras personas; para la Fiscalía, esos registros no eran un pedido de auxilio sino reportes de confirmación del deceso. El documento también señala que su coartada sobre la presencia de un peluquero fue desmentida por la encargada de limpieza, y que la imputada ocultó un segundo teléfono de la marca Honor y que, tras ofrecer voluntariamente el acceso a su iPhone 17 Pro Max, introdujo una contraseña incorrecta que bloqueó el equipo e impidió revisar las comunicaciones de ese momento.