₲17.760 millones y un solo oferente: la competencia que no ocurrió

El portal de Contrataciones Públicas registra una licitación pública nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para la «Prestación de servicio médico y sanatorial, integral, para funcionarios permanentes y personal contratado del servicio local», con fecha 8 de junio de 2026. El monto consignado es de ₲17.760 millones y el valor estimado es exactamente el mismo: ₲17.760 millones. A esa convocatoria se presentó una sola empresa, REYVA S.A (RUC 80002040-5).

Que se presente un solo oferente no es, por sí mismo, una irregularidad. La normativa de contrataciones permite adjudicar cuando una única propuesta cumple los requisitos técnicos y legales, y existen servicios —una cobertura médica integral, por ejemplo— para los que el universo de empresas habilitadas puede ser reducido. Nada de eso constituye delito. Pero el dato obliga a explicar cómo se llegó a ese resultado, porque cuando compite un solo postor el Estado pierde la herramienta principal para saber si el precio que paga es razonable: la comparación. Y en este caso el valor estimado y el monto adjudicado coinciden hasta el guaraní, lo que conviene aclarar con documentos.

El MRE debería poder responder cuántas empresas retiraron el pliego, cuántas presentaron consultas, cuántas retiraron la propuesta y con qué precios de referencia se construyó el valor estimado de ₲17.760 millones. También corresponde saber si hubo llamados anteriores y con qué resultado. Son datos que la institución tiene, que el público financia y que no requieren de ninguna denuncia para ser publicados.

El segundo registro del mismo portal tiene otro perfil. El Banco Nacional de Fomento (BNF) licitó la «Adquisición de equipos, piezas de reposición, asistencia técnica e instalación de equipos del sistema de CCTV», con cinco oferentes y un valor estimado de ₲2.530 millones. La planilla consigna un monto adjudicado de ₲3.557 millones a FAXCOMTEL SRL (RUC 80008004-1). La diferencia supera los ₲1.000 millones. Aquí sí hubo competencia, y por eso la pregunta es más concreta: qué decía el informe de evaluación, cómo se compararon los precios unitarios de las cinco propuestas y en qué se sustentó el monto final si el cálculo oficial de la entidad era otro.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publica estos datos, y ese es un mérito que corresponde reconocer: sin ese registro no existiría esta nota. Pero publicar no es lo mismo que controlar. Cabe preguntar si el sistema genera alertas cuando la adjudicación se aparta del valor estimado, si existen precios de referencia actualizados para servicios médicos y para equipos de vigilancia, y cuántas licitaciones con un solo oferente se registraron en lo que va de 2026 y en cuántas se pidió un informe técnico adicional.

La Contraloría General de la República tiene facultades para examinar estos expedientes y el Congreso para requerir informes a los organismos. Ninguno de los dos necesita esperar una denuncia para actuar. ₲17.760 millones en cobertura médica y más de ₲1.000 millones de diferencia en cámaras de seguridad son cifras que se explican con papeles y se auditan con papeles, no con declaraciones.

Las preguntas concretas: al MRE, ¿cuántas empresas retiraron el pliego, cuántas se presentaron y cómo se fijó el valor estimado de ₲17.760 millones? Al BNF, ¿qué ofertas había por debajo del monto adjudicado y por qué se eligió la de ₲3.557 millones? A la DNCP, ¿se activó algún control sobre estas dos compras? A la Contraloría, ¿tiene previsto examinar ambos expedientes? Mientras esas respuestas no existan, lo único verificable es lo que dice el portal: un solo oferente para ₲17.760 millones y una diferencia de más de ₲1.000 millones en la compra de cámaras.