Denuncian tala ilegal de palo santo en Médanos del Chaco; un diputado impulsa abrirlo

La Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP) presentó una demanda escrita ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) por la tala ilegal de palo santo en el Parque Nacional Médanos del Chaco. Según la denuncia, el robo de la especie afecta también a una propiedad titulada a nombre de la UNAP, donde habitan grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario. En paralelo, el diputado José Rodríguez, del Movimiento Honor Colorado, presentó un proyecto de ley que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016, que declara al parque Área Silvestre Protegida bajo dominio público.

Esa reforma habilitaría la prospección, exploración y aprovechamiento de recursos naturales dentro del área protegida. En una audiencia pública realizada en mayo de 2026, organizaciones ambientalistas e indígenas exigieron el rechazo del proyecto. Pese a ello, el parlamentario anunció que no lo retiraría.

Los números que rodean la discusión: Paraguay perdió 1,2 millones de hectáreas de bosque entre 2002 y 2025, según Global Forest Watch, plataforma de monitoreo satelital de la Universidad de Maryland. Informaciones del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y de organizaciones de la sociedad civil indican que al menos 5.000 hectáreas de áreas protegidas fueron destruidas por deforestación ilegal en los últimos años. El palo santo (Plectrocarpa sarmientoi), especie característica del Chaco, figura en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El Parque Nacional Médanos del Chaco tiene 605.075 hectáreas, fue creado en 2003 y se ubica entre Boquerón y Alto Paraguay. Su nombre viene de los médanos, dunas formadas por erosión eólica a lo largo de cinco mil años, y forma parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco, declarada patrimonio por la Unesco en 2005.

Según la UNAP y las organizaciones ambientalistas e indígenas, la aprobación del proyecto implicaría el despojo del territorio ancestral ayoreo y pondría en peligro al grupo en aislamiento voluntario. También afectaría a productores locales y a poblaciones urbanas y rurales del Chaco, porque el área protegida resguarda la zona de recarga del Acuífero Yrendá, una de las escasas fuentes de agua dulce de una de las regiones más áridas del continente. La actividad industrial y el riesgo de derrames de hidrocarburos contaminarían ese reservorio, con impacto sobre el ciclo de lluvias, la producción agropecuaria y la salud de la población.

El expediente queda con dos frentes abiertos: una denuncia por tala ilegal ya presentada ante el MADES y un proyecto de ley que seguiría su curso en el Congreso, según el anuncio de su autor de no retirarlo.