Taddei renuncia al INE en medio de la auditoría por la red de proveedores

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Taddei, anunció que presentará su renuncia el próximo 26 de octubre ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cargo que asumió en abril de 2023. "Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", sostuvo en un comunicado.

La salida se produce después de que el diario Reforma publicara que una red de al menos siete proveedores habría simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente vinculadas a empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron. La crisis estalla en pleno proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el viernes por la noche que abrió una investigación sobre uso indebido de recursos públicos a partir de esa publicación. El organismo sostiene que cuenta con "elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos". El sábado, Taddei comunicó que funcionarios de áreas clave del Instituto fueron relevados de sus cargos "en tiempo y forma" para dar paso a esa fiscalización.

La presidenta del INE afirmó que "no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales", donde, dijo, circularon "trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse". Añadió que "toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho".

Sobre la auditoría, sostuvo que la recibe "con respeto" y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. "Que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan", señaló, y afirmó que "ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley". Según su versión, la información correspondiente está a disposición de las autoridades competentes.