Reactor nuclear en Paraguay: 12 a 15 años de espera y US$ 5.500 por kW

El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) ubicó a las centrales nucleares junto a las termoeléctricas entre las fuentes de "energía firme y segura" que el país requeriría para el mediano y largo plazo y pidió que sean "consideradas cuidadosamente" en la planificación. Su Informe Técnico 2/26 pone números al debate: un reactor modular (SMR) de 300 MWe costaría entre US$ 3.500 y 5.500 por kW instalado, combustible incluido, con un costo nivelado de la energía de US$ 100 a 160 por MWh. El cronograma para el primer módulo es de 12 a 15 años.

El mismo documento descarta la alternativa más rápida. Los microreactores de 50 MWe saldrían entre US$ 6.000 y 8.000 por kW, con un costo de energía de US$ 300 a 400 por MWh. El IPPSE concluye que "no son aptos" para Paraguay por su alto costo, utilización limitada y poca capacidad, pese a su plazo menor de 5 a 6 años.

El informe advierte además sobre una "brecha entre publicidad y realidad". Pese a que la industria nuclear, varios gobiernos y fuentes privadas multiplican inversiones, las estimaciones de costos siguen sin ser competitivas y la tecnología de los SMR "aún no está consolidada". La ventaja económica depende de la producción en serie, que según la experiencia de varios fabricantes todavía no se logra: un ritmo lento de fabricación no generará ahorros significativos y obligará a "entrar en una lista de espera". En funcionamiento comercial existen solo cuatro SMR en el mundo: dos en Rusia y dos en China, frente a más de un centenar de diseños en desarrollo. Las centrales convencionales de unos 1.000 MW, en tanto, "ya no se construyen", por su elevado costo y años de obra civil.

El 13 de abril de 2026, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) suscribió con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) un convenio de cooperación técnica para evaluar la integración de los SMR a largo plazo, intercambiar conocimientos y capacitar a sus técnicos. El 4 de agosto de 2026, el Gobierno formalizó con Estados Unidos un memorando de entendimiento de cooperación nuclear pacífica, asistencia técnica y capacitación, el denominado Acuerdo 123, requisito para acceder a determinadas tecnologías y equipos nucleares. La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) coordina los estudios técnicos de seguridad, regulación e infraestructura y trabaja con el OIEA en el licenciamiento.

El propio instituto enumera lo que falta antes de hablar de un proyecto: cumplir exigencias internacionales, adecuar el marco regulatorio con estrictos controles, capacitar e informar a la ciudadanía y contar con profesionales altamente especializados. El documento también menciona la desventaja que arrastra la tecnología: residuos radiactivos de larga duración y de difícil gestión, que exigen protocolos estrictos de seguridad.