Moragas: el Estado sabía 15 días antes que Deisy Paola estaba en peligro y no la protegió

La abogada Mirta Moragas sostuvo, en entrevista con Última Hora, que en el caso de Deisy Paola "hay una responsabilidad estatal porque 15 días antes de su muerte, las autoridades sabían que ella estaba en peligro" y que no pueden alegar desconocimiento: "no pueden decir 'yo no sabía', 'yo no podía prevenir esto'". Para la entrevistada, la impunidad y la falta de protección configuran "un terreno fértil para la violencia".

Moragas reconstruyó el recorrido institucional previo al asesinato: días antes, Deisy Paola fue a una Comisaría y denunció "Mi ex novio intentó estrangularme". Según la abogada, esa advertencia pasó por lo menos por dos agentes de Policía, trabajadores de un Juzgado, dos juezas de Paz y una fiscala, y "a nadie se le ocurrió que no era violencia común, sino intento de feminicidio". Agregó que está "convencida de que la Policía no le creyó a ella, por eso no le dio trámite ni celeridad".

El mecanismo de protección, dijo, falla en varios puntos: cuando no se cree a la denunciante o se la desalienta preguntándole si exagera, cuando no se mide la urgencia, y cuando la orden de protección no se controla. Si una mujer llama al 911 para avisar que su agresor está violando la restricción y "no pasa nada", la orden "termina efectivamente siendo solo un pedazo de papel". Moragas también señaló un efecto de imitación: si nadie responde por estos hechos, "eso envalentona".

Como contexto, afirmó que la violencia no feminicida "va aumentando todos los años" y que los datos de la Fiscalía y de los Juzgados de Paz muestran que cada año tramitan más denuncias. Sobre el lugar donde ocurre, fue tajante: "el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, porque es el lugar donde están más expuestas a la violencia", y sostuvo que, pese al acceso de mujeres a puestos de decisión, no se modificaron las relaciones desiguales de poder dentro de la casa.

En materia de política pública, Moragas apuntó contra el discurso oficial: recordó que desde 2017 existe la llamada "resolución Riera", que prohíbe materiales de género en la educación, y afirmó que el año pasado, en noviembre, el ministro Luis Ramírez emitió otra resolución que profundiza esa medida y fija términos prohibidos en el ámbito educativo. A su juicio, "elevar las penas" o plantear la cadena perpetua, que consideró inconstitucional, no salvará vidas: "La vida se salva con la prevención y la prevención se hace con el cambio cultural".

Finalmente, cuestionó la respuesta del Estado ante el Comité de la Cedaw: en el informe de evaluación de Paraguay, dijo, quedó sin responder la pregunta sobre la prohibición de la palabra "género" en la educación y tampoco se contestó qué presupuesto tiene la Ley MAFE. Mencionó además que tras el caso de Katia Brítez —a quien su novio pasó por encima tres veces con el auto— hubo indignación rápida y también "un olvido muy rápido", con anuncios de cumbre de poderes que, según ella, no se tradujeron en medidas reales.