Tiene 1.000 tobilleras, aplicó 237 y solo 52 monitorean violencia de género

El Ministerio del Interior dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, según los datos públicos del informe de gestión presidencial de 2025, y en algún momento se habló de llegar a 3.000 aparatos. Pero de un total de 237 dispositivos aplicados por el Estado, actualmente solo 52 están en uso efectivo para casos de violencia de género e intrafamiliar dentro del sistema judicial, según precisó la ex defensora general Lorena Segovia.

Segovia explicó cómo funciona el mecanismo: la tobillera monitorea al agresor y el sistema avisa a la víctima si este cruzó el perímetro prohibido o se acerca a la zona donde no puede ingresar, conforme al protocolo de utilización del dispositivo. A la víctima se le entrega además un celular con botón de pánico para comunicarse de inmediato con la oficina de monitoreo y control si detecta la presencia del agresor en su cercanía.

El historial reciente incluye un caso en el que el aparato no sirvió para ubicar a la persona. Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, alias Chule, imputado por el crimen de Rebeca Martínez y el ataque a Carolina Aguilar ocurrido el lunes 28 de septiembre de 2026 en Eusebio Ayala, llevaba una tobillera por una causa previa por robo de vehículos. Según el material, cortó el dispositivo el 1 de octubre de 2026 a las 10:15 en Ypacaraí, después de enterarse por los medios de que era buscado: el aparato emitió una alerta de manipulación a las 10:12 y perdió la señal GPS a las 10:15. Desde el Sistema 911 señalaron que la falla principal está en el sistema Quantum de la Policía Nacional, que no alerta que una persona buscada cuenta con el dispositivo y solo permite saberlo consultando al 911.

La diputada Alexandra Zena solicitó esta semana al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior informes sobre la implementación del sistema de tobilleras electrónicas (Simdec) y el registro de denuncias por violencia familiar de 2026. La solicitud se da tras el feminicidio de la joven Deysi y apunta a las fallas persistentes en los mecanismos de protección pese a las leyes Nº 5863/2017 y Nº 7270/2024. Pidió datos exactos sobre cuántas tobilleras se adquirieron, cuántas están operativas a nivel nacional y qué fallas o alertas detectó la Oficina de Monitoreo (OMDEC).

La legisladora también apuntó a la falta de recursos humanos en el Ministerio Público: citando a Elida Fávole, directora de Género de la Fiscalía, señaló que la institución cuenta con apenas 70 psicólogas para atender entre 140.000 y 150.000 víctimas de distintos hechos, y que las evaluaciones psicológicas tardan entre 3 y 6 meses. Esa demora frena los procesos judiciales, sostuvo, porque los jueces exigen el peritaje para ordenar la prisión preventiva.

Segovia planteó medidas concretas: implementar formalmente en los juzgados de paz la ficha y el manual de evaluación de riesgo para categorizar el peligro en bajo, medio o alto antes de otorgar las medidas; conceder prioritariamente la tobillera en los casos donde el riesgo amenaza la vida de las mujeres; y asignar presupuesto, infraestructura y tiempo para que esos juzgados hagan seguimiento continuo de las medidas y las adapten si la situación de la víctima lo requiere.