Menos del 5 % de las investigaciones por tráfico de migrantes desemboca en pesquisas por blanqueo

Menos del 5 % de las investigaciones por tráfico de migrantes desembocan, en promedio, en pesquisas por blanqueo de capitales, según datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recogidos en un estudio difundido este miércoles por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD). El informe sostiene que el aspecto financiero del tráfico de personas, pese a ser esencial para las redes criminales, recibió hasta ahora una atención limitada de las autoridades, y que muchos países no consideran este delito una actividad de alto riesgo para el blanqueo, lo que reduce las investigaciones para identificar y confiscar los beneficios.

El documento analiza cuánto cobran las organizaciones y cómo reparten esas ganancias. Las tarifas varían según la ruta, el medio de transporte, los riesgos, los sobornos, los documentos utilizados y los servicios incluidos: van desde menos de 20 dólares por ciertos cruces fronterizos terrestres hasta más de 45.000 dólares por desplazamientos de larga distancia que combinan varios medios, incluido el avión. El informe cita un caso documentado en 2025 en el que exfuncionarios del anterior régimen sirio pagaron más de 45.000 dólares por persona a un traficante turco para llegar al sur de Europa en buques mercantes que transportaban ganado.

Una encuesta realizada en 2025 entre migrantes que usaron rutas marítimas hacia Europa indica que el 54 % pagó menos de 5.000 dólares por los servicios de los traficantes. Las tarifas más altas se registraron en el Mediterráneo central, donde el 45 % de los consultados dijo haber pagado más de 7.500 dólares, posiblemente por viajes que comienzan en el sur de Asia y combinan varios medios de transporte. En la ruta atlántica hacia Canarias, en cambio, el 57 % pagó menos de 1.000 dólares, porcentaje similar al 41 % que declaró tarifas reducidas en el Mediterráneo oriental. Los traficantes, señala el estudio, pueden fijar precios según la capacidad económica del migrante, su nacionalidad o su habilidad para negociar, además del peligro de la travesía.

El principal obstáculo para seguir el dinero es el predominio del efectivo: lo utilizó el 75 % de los migrantes encuestados en las rutas marítimas hacia Europa en 2025. Solo el 10 % recurrió a transferencias bancarias, el 4 % pagó mediante bienes o propiedades y otro 4 % usó servicios de envío de dinero. Las organizaciones también se apoyan en intermediarios, familiares, empresas de transferencias y sistemas informales como el hawala, que permite mover fondos entre países sin una transferencia bancaria convencional; en algunos casos los intermediarios retienen el dinero hasta que el migrante llega al destino acordado. Aunque los pagos por teléfonos móviles y plataformas digitales aumentan, la ONU señala que todavía hay pocos indicios de un uso extendido de criptomonedas para pagar directamente a los traficantes.

El estudio describe organizaciones jerarquizadas con estructuras económicas que incluyen inversores, responsables de operaciones, intermediarios y proveedores de transporte, alojamiento o documentos falsificados. Parte de sus ingresos se destina a salarios, compra de embarcaciones y vehículos, sobornos a funcionarios y pagos a grupos armados que controlan determinados territorios.

Los beneficios pueden blanquearse mediante inversiones inmobiliarias, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte, compraventa de vehículos y sociedades pantalla. En África occidental se identificaron inversiones en negocios que manejan grandes cantidades de efectivo, mientras que en los Balcanes las casas de cambio cumplen un papel en la conversión de criptomonedas en dinero. La ONU advierte que esas ganancias pueden acabar en países ajenos a las rutas migratorias, lo que complica aún más las investigaciones y la cooperación judicial internacional.