Melo estima en US$ 380 millones el sobrecosto de Itaipú que absorbe la ANDE en 2026

El exjefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Leopoldo Melo, afirmó que el Gobierno de Santiago Peña "fusiló" a la ANDE para disponer de rubros para sus planes y que las tarifas negociadas con Itaipú y Yacyretá generan sobrecostos que absorbe la estatal. Según su cálculo, el sobrecosto de Itaipú en 2026 llegaría a unos US$ 380 millones, "que finalmente paga el pueblo paraguayo".

Melo recordó que fue convocado junto con otros colegas para asesorar técnicamente a Peña cuando se confirmó su candidatura presidencial, con el objetivo de ejecutar una reforma para atraer inversiones. Dijo que aportó su conocimiento de Yacyretá y que Peña recibió "valiosos proyectos e ideas de varios profesionales". Al asumir, según Melo, el mandatario presentó un equipo desconocido del ambiente energético y con tendencia empresarial.

A tres años de gestión, Melo define al Gobierno como "un Gobierno para los empresarios y de un entorno muy íntimo". Sostiene que Peña "entró con el pie izquierdo" y se mantuvo en esa línea "con arrogancia". Afirma que, para disponer de rubros, el Ejecutivo empezó "fusilando" a la ANDE, empresa emblema del sector que ya venía con problemas económicos y faltas graves de inversión que, a su criterio, llevarían al colapso cerca de 2030.

En Itaipú, Melo indicó que el acuerdo Lula-Peña fijó la tarifa en US$ 19,28 por kW-mes, cuando, según el Anexo C, debía bajar a US$ 8,87. Esa diferencia de US$ 10,41, señaló, es un sobrecosto que debe asumir la ANDE. Estimó que en 2026 ese sobrecosto alcanzaría unos US$ 380 millones.

En Yacyretá, según Melo, el acuerdo operativo llevó a la ANDE de pagar US$ 22,63 por MW a US$ 28 hasta 2029, una diferencia de unos US$ 6 que también absorbe la estatal. Remarcó que ese acuerdo limitó el retiro de potencia activa del Paraguay a solo 425 MW. Afirmó que con ello se tiró "al tacho de basura" la adecuación de barras hecha en la central para que el país, tras 30 años, pudiera retirar hasta 1.550 MW, "potencia que nos corresponde por derecho". Aclaró que no incluye el caso Atome porque "no pudo concretarse".

Para Melo, el Gobierno tiene rubros suficientes para gastos sociales, manejados, entre otros, por gobernadores, mientras la ANDE quedó en situación "extremadamente crítica" y ante un posible colapso financiero que reduciría su capacidad de proteger el sistema eléctrico. Advirtió que el país está "en vísperas de un colapso energético que podría derribar gobiernos" y que sacar de apuro "recomendaciones antiguas" del sector no dará resultados.

Concluyó que el Ejecutivo "perdió su credibilidad y confianza" en el sector y que le será muy difícil realizar cualquier reforma. A su criterio, solo un próximo gobierno "con personas más íntegras" podrá levantar la situación.