La ley de datos rige en 2027; ya la usan para negar información pública

Pedir un dato público en Paraguay ya choca con una ley que todavía no empezó a correr. La Ley de Protección de Datos Personales entra en vigencia en 2027 y su reglamentación depende del Mitic, que hasta ahora no la publicó. Aun así, empresas e instituciones ya la usan para negar información.

Lo dice el abogado Federico Legal, de IDEA: «Hoy día, sin ley de protección de datos, se están invocando principios de protección para negar información».

El corazón del problema es el artículo 24. Esa norma, sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, permite denegar o limitar el acceso a fuentes públicas cuando se considera que se perjudica un interés privado. Además exige notificar al afectado y darle un plazo para oponerse al tratamiento de sus datos. Ese procedimiento hoy dura 15 días hábiles y puede extenderse.

Traducido: pedir un dato público puede dejar de ser un trámite para volverse una carrera de obstáculos. «Se hará más complejo solicitar información pública», advierte el abogado de IDEA.

Los casos ya aparecen. Según Legal, el Ministerio de Economía y Finanzas invoca secretos comerciales para negar información sobre beneficiarios finales, es decir, quién está realmente detrás de una empresa. Y hay empresas que recurren al amparo constitucional para evitar divulgar información que les pidió la prensa. Las dos denuncias son del abogado de IDEA.

El temor va más allá de los papeles de sociedades: alcanza a legajos, declaraciones juradas y nóminas de personal, que podrían quedar denegados por falta de consentimiento de los propios funcionarios. Dicho de otro modo, la hoja de vida de quien cobra un sueldo público podría quedar bajo llave con el argumento de proteger sus datos.

El dato que ordena todo es el calendario. La ley fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero su aplicación práctica quedó atada a la reglamentación del Mitic, que todavía no llegó.

Lo que se espera es que el Mitic publique esa reglamentación. Ahí se jugará la pulseada de fondo: si prevalece el resguardo de los datos de los funcionarios o el interés público de saber qué hacen quienes manejan dinero y poder estatales.

Mientras tanto, la ley que todavía no rige ya funciona como argumento para no entregar información. Quien pida un dato hoy puede encontrarse con una negativa firmada al pie de una norma que aún no empezó a correr.