La Corte da trámite a la acción de inconstitucionalidad de Díaz Verón y el juicio por ₲ 10.495 millones queda sin fecha

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo presentaron en agosto de 2025 contra el Acuerdo y Sentencia N° 74 del 1 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital, que en mayoría anuló su absolución y ordenó un nuevo juicio oral. Con el Auto Interlocutorio N° 2428, del 13 de octubre de 2026, el máximo tribunal solicitó al Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital, que remita el expediente principal de la causa penal. Ese pedido, según el propio relato del caso, impide fijar una nueva fecha para el juicio a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás (presidenta), Matías Garcete y Sonia Sánchez.

Los accionantes sostienen que el fallo es arbitrario porque revalorizó pruebas producidas en el juicio oral para descalificar la sentencia absolutoria, en violación de los principios de concentración y contradicción. Alegan además que la decisión se apoya en una fundamentación "insuficiente y aparente" y que el tribunal de alzada se excedió de la normativa del Art. 403 inciso 4° del Código Procesal Penal al no verificar ni justificar si las pruebas no valoradas eran de valor decisivo.

El trámite se aprobó con los votos del ministro César Diesel y el camarista en lo Civil Hugo Garcete, mientras que el ministro Víctor Ríos votó en minoría por traer a la vista solamente copias de los autos principales, en lugar del expediente completo.

La acusación que sostiene el caso fue formulada por las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera. Según ese escrito, entre 2008 y 2017 Díaz Verón registró ingresos por ₲ 10.702.190.671 y egresos por ₲ 21.143.317.105, con un déficit de ₲ 10.495.174.320. La hipótesis fiscal señala que su esposa habría introducido al sistema financiero el dinero obtenido ilícitamente en la función pública, con inversiones e integración de capital en las firmas "Lagunita S.A." y "Canto Rodado", esta última con la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo como únicos socios. En el primer juicio, el Ministerio Público pidió 8 años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exfiscal general, y 5 años de prisión para su cónyuge.

El 21 de diciembre de 2023, la Sentencia Definitiva N° 599, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (hoy jubilada) y Darío Báez, absolvió de culpa y pena a los acusados. Los camaristas José Agustín Fernández (preopinante) y Bibiana Benítez Faría anularon ese fallo al concluir que el tribunal de primera instancia "omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso" e incurrió en "razonamientos absurdos y arbitrarios". El entonces camarista Delio Vera Navarro, actualmente jubilado, votó en minoría por confirmar la absolución. El último intento de iniciar el segundo juicio oral fue el 29 de junio, cuando las defensas plantearon recursos de reposición con apelación subsidiaria y lograron suspender el debate.