Justicia prevé G. 92.035 millones más para 2027 y reduce 24% la inversión física

El Ministerio de Justicia (MJ) pidió a la Comisión Bicameral de Presupuesto G. 683.758 millones (US$ 105,9 millones) para el ejercicio 2027, un 15,55% más que los G. 591.723 millones aprobados para 2026. Son G. 92.035 millones (US$ 14,3 millones) adicionales. El ministro Rodrigo Nicora defendió la propuesta con un diagnóstico: la capacidad de alojamiento ronda las 14.000 personas y la población penitenciaria podría llegar a 21.000 antes de que cierre 2026. Al corte del 30 de septiembre de 2026 el ministerio registra 20.127 personas privadas de libertad.

Los servicios personales (salarios) concentran G. 387.997 millones, el 56,74% del proyecto, con G. 42.512 millones más que en 2026, explicados por la equiparación salarial de agentes penitenciarios permanentes y contratados. El mayor salto en términos absolutos está en servicios no personales: de G. 83.806 millones a G. 136.479 millones, G. 52.672 millones más (63%). Nicora lo justificó como pago de deudas históricas con la ANDE y la Essap, aunque en su exposición inicial no precisó cuánto se debe a cada entidad. "No podemos nosotros seguir preocupados si nos van a cortar o no el agua en las penitenciarías", dijo. Los bienes de consumo suben de G. 74.899 millones a G. 92.197 millones, partida que la presentación vincula con la alimentación de los internos.

En sentido contrario, la inversión física cae de G. 82.796 millones en 2026 a G. 62.804 millones en 2027: G. 19.991 millones menos, un 24% según el cuadro presentado por el propio ministerio. El recorte convive con una exposición que reclama infraestructura: dos proyectos penitenciarios por US$ 33 millones en conjunto, el de Emboscada (1.200 hombres procesados de alto perfil, US$ 22 millones) y el de Minga Guazú (600 hombres, US$ 11 millones). La exposición no precisa qué parte de esas obras tiene financiamiento dentro del presupuesto propuesto. Nicora señaló que el centro de Alto Paraná daría lugar a la prisión preventiva ante el eventual cierre de la cárcel de Ciudad del Este.

El dato que explica la presión carcelaria está en la composición de la población: 12.246 de las 20.127 personas privadas de libertad están procesadas y 7.881 tienen condena. Es decir, el 61% sigue detenido sin sentencia. Nicora sostuvo que el ministerio debe cubrir sus necesidades durante la reclusión aunque la situación judicial no esté resuelta, y mencionó tobilleras electrónicas y una propuesta para usar teléfonos celulares como apoyo al control de la prisión domiciliaria en 2027, además de mayor coordinación para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva.

La propuesta también incluye US$ 7,03 millones para modernizar redes informáticas y videovigilancia en 18 penitenciarías y la sede central, con equipos para detectar celulares que ingresan de forma irregular, y US$ 2,02 millones para equipamiento táctico y movilidad del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP). A eso se suman pedidos de personal: 300 agentes y 105 funcionarios de apoyo para los nuevos centros, con un costo anual de G. 25.434 millones, y un grupo especial de 180 agentes para motines y situaciones de alto riesgo, por G. 12.456 millones al año.

Nicora defendió el concurso y la capacitación como condiciones para sostener los cambios dentro de las cárceles y cerró con una frase sobre el factor humano: "El que aprieta el botoncito o el que abre la puerta finalmente es un ser humano". Antes había planteado la disyuntiva del gasto penitenciario: "La pregunta es ¿queremos que vuelvan peor, queremos que vuelvan iguales o queremos que vuelvan con herramientas para no volver a delinquir?".