Fiscalía imputa a Jara: movió G. 5.547 millones en efectivo y no justifica el 97,33%

El Ministerio Público imputó al expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Ramón Jara Rojas por enriquecimiento ilícito y a su expareja Karina Estefana Otazú Fleitas por lavado de activos, según el acta de imputación 04/26 dada a conocer cerca de las 21:00 de este jueves. La investigación la encabeza la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Penal N° 11 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El número central del expediente es la brecha entre lo que Jara movió y lo que podía ahorrar. Según el análisis financiero de la Fiscalía, entre agosto de 2023 y marzo de 2026 el exfuncionario realizó depósitos y pagos en efectivo por G. 5.547.396.611. Su capacidad real de ahorro y sobrante neto declarado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) asciende a G. 147.945.999. La diferencia sin justificación documental, sostiene la Fiscalía, es de G. 5.399.450.612, equivalente al 97,33% de los fondos utilizados en ese periodo.

El contraste con el sueldo público es explícito en el documento. Como titular de Petropar, Jara percibía una remuneración mensual de G. 40.457.649, que subió a G. 44.956.148 en octubre de 2025. De forma simultánea mantenía compromisos crediticios cuyas cuotas mensuales sumaban hasta G. 90.906.604, es decir, más del doble de su salario. El caso que la Fiscalía describe como más extremo se registró en octubre de 2025: gastos e inversiones por G. 570.680.982 en un solo mes, con un déficit superior a G. 525 millones frente a su remuneración.

Sobre Otazú, la Fiscalía sostiene que participó activamente en la recepción, administración y aplicación de fondos de origen no justificado. Aunque la pareja estaba bajo régimen de separación de bienes, los rastreos financieros —según el Ministerio Público— muestran que compartían cuentas bancarias y coordinaban transacciones de gran envergadura. Entre las operaciones que se le atribuyen figuran la firma de contratos comerciales por G. 500 millones con empresas privadas con nula o escasa evidencia de servicios prestados, fondos que fueron destinados de inmediato al pago de una membresía de un club por G. 600 millones; haber figurado como acreedora formal en un pagaré de G. 600 millones por un préstamo de Jara a un tercero; y su intervención en la compra de 100 cabezas de ganado por más de G. 433 millones.

La fiscal Adle pidió al Juzgado Penal de Garantías medidas alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de salir del país y la presentación mensual ante el juzgado. También requirió medidas cautelares reales para resguardar eventuales decomisos: inmovilización de cuentas bancarias y cooperativas, además de la restricción y secuestro de vehículos. La representación fiscal fijó un plazo de seis meses para concluir la etapa preparatoria y presentar el requerimiento definitivo.