Gobierno de Bolivia denuncia amenazas contra la familia de Paz y no precisa quién las envía
El viceministro de Transparencia, Yamil García, dice que él y otras autoridades también recibieron amenazas por redes y mensajerías; el Ministerio de Gobierno confirma la investigación pero no da detalles.

El Gobierno de Bolivia presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen las amenazas contra la familia del presidente Paz. El viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo que la denuncia busca abrir una pesquisa y que no se puede tolerar que el crimen organizado use amenazas para frenar la lucha contra la corrupción.
García afirmó que él y otras autoridades recibieron amenazas "a través de redes sociales y mensajerías". Sostuvo que Paz "está encabezando una lucha frontal" contra la corrupción y que "las represalias seguramente van a ese nivel". La investigación, agregó, se hará en coordinación con la Fiscalía para identificar "cuáles son las esferas que emiten estas amenazas".
El presidente Paz denunció el lunes que la seguridad de su familia está en "riesgo" por las decisiones de su Gobierno "contra los criminales de alta alcurnia". Citó el caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia en marzo después de casi tres años prófugo y enviado a Estados Unidos, donde sigue detenido.
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó que "hay una serie de amenazas contra la familia presidencial" bajo investigación, pero no dio más detalles. Tampoco se informó qué amenazas concretas se recibieron ni quiénes serían los responsables; según García, la pesquisa buscará identificar de dónde salen.
A finales de septiembre, el entonces fiscal general Roger Mariaca fue destituido y encarcelado, acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con Marset. Su detención ocurrió dos días después de que Estados Unidos lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó la visa, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente". Mariaca negó los señalamientos.
En paralelo, el Gobierno boliviano ha detenido y entregado a otros extranjeros vinculados al crimen organizado, entre ellos los brasileños Gerson Palermo, identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), y Kléber Nóbrega Pereira, un supuesto dirigente del Comando Vermelho (CV).
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