Fiscalía le calcula G. 276 millones de capacidad; declaró G. 2.800 millones

La imputación contra Eddie Ramón Jara Rojas, expresidente de Petropar, se apoya en las "cuentas a cobrar" que declaró ante la Contraloría General de la República. En su declaración jurada de 2023 consignó una cuenta por cobrar de G. 2.800 millones a Edith Marilín Ayala de Macchi, con fecha de entrega 10 de junio de ese año: US$ 140.000, equivalentes a G. 1.036 millones según los valores del documento, más otros G. 1.764 millones. Ambos importes, según el Ministerio Público, habrían sido entregados en efectivo.

El punto que la Fiscalía no logra cerrar es de dónde salió ese dinero. Jara habría señalado como fuente un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000 con Francisco Vera Figueredo, supuestamente suscrito el 3 de mayo de 2023. Para el Ministerio Público, las declaraciones y los documentos examinados presentan diferencias de fechas y no permiten reconstruir, con trazabilidad bancaria, cambiaria, contable o tributaria suficiente, que Jara haya recibido esos US$ 400.000 antes de la entrega a Ayala de Macchi. El segundo pago atribuido a Vera Figueredo fue documentado el 20 de julio de 2023, 40 días después de la fecha en que se habría otorgado el préstamo. El primer recibo, por US$ 200.000, equivaldría a unos G. 1.480 millones; aun admitiendo provisionalmente ese importe, la Fiscalía señala que no alcanzaría para cubrir los G. 2.800 millones declarados al 10 de junio de 2023.

Los informes tributarios, bancarios y registrales sobre Vera Figueredo y su empresa, H&A Naviera San Francisco, acreditan su existencia y actividad, pero según la imputación no individualizan una cuenta bancaria, un retiro de fondos, una compra de divisas, la cancelación de una inversión ni otro movimiento financiero o contable que permita reconstruir el origen y la entrega material de los US$ 400.000. Tampoco se habrían identificado registros contables que verifiquen la salida de ese dinero desde la empresa o desde una cuenta de Vera Figueredo.

La Fiscalía también calculó, según las declaraciones juradas presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y su declaración de bienes y rentas ante la Contraloría, que hasta el 10 de junio de 2023 la capacidad máxima acumulable de Jara era de G. 276.075.478. La imputación contrasta esa cifra con el préstamo declarado de G. 2.800 millones.

Otro elemento observado es cuándo incorporó esa fuente de ingresos a su tributación: lo hizo mediante una declaración rectificativa presentada el 18 de enero de 2026, casi tres años después del supuesto cobro y después de conocer las observaciones de la Contraloría. El organismo contralor calificó esa rectificación como reactiva, de acuerdo con lo expuesto en la imputación.

El expediente también vincula a la destinataria del préstamo con el entorno de Petropar. Edith Ayala de Macchi aparece junto a su esposo, Jorge Gregorio Macchi Noguera, en Transportadora Macchi SA, que obtuvo un contrato de G. 4.800 millones para el transporte de combustible durante 2018, y en Almajo SRL, titular de un contrato de uso de emblema de la petrolera estatal. La pareja además aparece vinculada a IDA ADELA SA, que opera una estación de servicios de Petropar en Piribebuy (Dpto. de Cordillera) y que el 16 de enero de 2024 transfirió G. 1.764 millones a una cuenta conjunta de Jara y su exesposa Karina Otazú, también imputada, como devolución del préstamo.